[Por Fernando Hernández Gómez]
Compra de votos, el riesgo
Después de lo que vimos en los comicios de Estado de México no debe extrañarnos que en todas las contiendas electorales del 2018, las federales y estatales –incluida la de Tabasco–, todo el aparato y recursos federales estarán a disposición del PRI y sus candidatos. Mantener el poder es la premisa. La compra de voluntades será el arma.
En Edomex –nunca estará de más recalcarlo– se les pasó la mano: no sólo compraron votos con dinero a la mano, sino que los padrones de programas sociales fueron utilizados burdamente para coaccionar el voto: quienes reciben leche, dotaciones alimenticias, apoyos de adultos mayores, becas escolares… todos los beneficiarios de apoyos debieron votar por Alfredo del Mazo.
Un día después de las elecciones del 4 de junio, el analista Raymundo Riva Palacio apuntó en su columna Estrictamente Personal, que “la elección en el Estado de México fue para todos los efectos, una elección de Estado”. Y dio pormenores:
“El Presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles como el enlace del gobierno con la campaña de Alfredo del Mazo que tuvo este domingo un despliegue del gabinete legal y ampliado en tierras mexiquenses.
“El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda fue enviado a la zona de Valle de Bravo donde hay un alto número de programas sociales. El de Salud, José Narro, a Ecatepec. En los municipios conurbados de la Ciudad de México trabajaron la llamada ruta de la leche bajo la dirección del director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien desde las seis de la mañana trabajó con el padrón de los beneficiarios de la leche gubernamental. Margarita González, la operadora electoral de Robles lo apoyó junto con el director del ISSSTE, José Reyes Baeza que se concentró en Neza”. (El Financiero, 05Jun.2017)
Puntualizó Riva Palacio que el despliegue federal se encaminaba al objetivo buscado y coronó la ofensiva más agresiva, por masiva y sistemática, que se recuerda en una elección mexicana en contra de una candidata o candidato como fue el caso de la cruzada contra Gómez, con lo cual se intentó compensar los negativos de Del Mazo y los pesados lastres que arrastraba en gran parte con el descrédito de Peña Nieto. El gobierno y su partido –acotó– no tuvieron más que “abrir la chequera y comprar voluntades a billetazos”.
La compra del voto mediante dádivas y la coacción a los beneficiarios de programas gubernamentales no dejan de ser seria amenaza para la democracia mexicana, porque a golpe de dinero se imponen representantes populares, sobre todo, aprovechándose de las necesidades de la gente.
Esto es grave, sobre todo, porque es difícil de probar, dado que quienes ejecutan estas prácticas actúan en la clandestinidad, bajo el agua, en lo oscuro.
Apenas el miércoles 7, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la queja presentada por Morena por uso indebido de recursos públicos en Edomex con la entrega de programas sociales en favor del PRI. Sin discusión de por medio, seis de los siete magistrados de la Sala Superior desestimaron la impugnación de ese partido a una resolución emitida por el Tribunal Electoral de Edomex. (Reforma, 08Jun.2017)
De nada valieron los alegatos de Morena de que la intensidad, frecuencia y el impacto social del reparto de apoyos en especie o en dinero, en eventos masivos, sí influyó y trastocó la equidad y neutralidad del proceso electoral.
Un mal precedente que amenaza la equidad, legalidad y legitimidad de los procesos venideros, si no se ata las manos a los hombres en el poder.
El tema va para largo y no se ve cómo pueda frenarse la compra de votos. Lea esto: La compra de votos y el uso de programas sociales con fines electorales deben ameritar una sanción penal, consideró Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral capitalino. “Estas injerencias indebidas sí tienen repercusiones en el ámbito electoral, pero me parece que no deben quedarse ahí porque el uso de recursos públicos no sólo debe ser revisado por la autoridad electoral. Creo que ahí tenemos un déficit en nuestro país”, indicó. (Excélsior, 21Jun.2017)
Por buenas intenciones no paramos. El fiscal especializado contra Delitos Electorales de la PGR, Santiago Nieto Castillo consideró importante que el peculado electoral se tipifique como un delito grave. Con esta medida, cualquier funcionario público que cometa delitos durante los procesos electorales tendría que enfrentar el proceso privado de su libertad, con una prisión preventiva, debido a que esa “actividad lesiona de forma directa la equidad en la contienda electoral y la libertad de sufragio”. El fiscal explicó que el peculado electoral es el uso, con fines electorales, de fondos, bienes o servicios que tienen a su cargo servidores públicos. (Excélsior, 21Jun.2017)
El tema no sale de la condena mediática. No pasa nada. ¿Qué pasará en 2018?
AL GRANO
FÍJESE QUE DURANTE el evento: Tabasco en la Plataforma Nacional de Transparencia, el comisionado nacional del INAI, Óscar Guerra Ford destacó que la entidad ocupa el cuarto sitio en el país en volumen de información pública cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia…
Y LE COMENTÓ que en sesión extraordinaria, el Cabildo de Centro aprobó por unanimidad al dictamen de iniciativa enviado por el Congreso del Estado, mediante el cual se reformaron, derogaron y adicionaron artículos de la Constitución local en materia del Sistema Estatal Anticorrupción…
