[Jorge Jesús de la Cruz]

* El negocio de las grúas

Desde hace muchos años se ha convertido en una costumbre que los operativos de la PEC, para recoger vehículos mal estacionados y accidentados, usan grúas particulares, en lugar de contar con unidades propias, en un claro negocio redondo que tienen los titulares de la corporación policiaca y las empresas que se dedican a este lucrativo negocio.

Es común ver a grúas de distintas empresas, –no se citan los nombres, sería tanto como darles publicidad gratuita–, pero son del todo conocidas por los mismos automovilistas que han tenido que vivir una odisea por los trámites engorrosos que deben hacer para liberar sus vehículos,

Cada arrastre de grúa genera un pago de infracción, sin embargo ese dinero no ingresa a las arcas estatales, porque el beneficio es para la empresa que se encargó de levantar un vehículo, en una acción a todas luces ilegal, porque podrían ser denunciados hasta por robo, debido a que estas empresas no están facultadas para llevarse vehículo alguno, el reglamento de tránsito no autoriza a los agentes viales, ordenar a una empresa privada, hace el levantamiento.

El negocio es redondo, data de hace muchos años, y decimos que es un negocio, porque es obvio que las empresas grueras tienen algún acuerdo no escrito con los titulares en turno de la PEC para que se hagan estos arrastres, en perjuicio del estado, ya que son decenas de operativos que hacen al día, y para liberar los vehículos, se debe tratar con esas empresas aunque se haya pagado la infracción en la PEC.

Algo se debería hacer, porque pese a que se hable de restricciones presupuestales, es inadmisible que la PEC no contribuya a mejorar las finanzas estatales, porque el dinero que ingresa diario por arrastre de grúas, serviría para adquirir una flotilla y lo demás, para mantener pintadas las zonas peatonales, por cierto, levantan vehículos, porque están sobre las rayas amarillas, mismas que en muchos de los casos, no se distinguen bien.

La administración pasada ya hacía estos negocios, no entendemos las razones que permitieron se siguieran haciendo en la actual. Si se hicieran cuentas, son muchos millones de pesos que han ido a parar a empresas privadas, cuando pudo fortalecer las finanzas estatales; además hay que soportar desplantes de quienes están en las áreas de cobranza de esas empresas, porque maltratan a la gente, son arrogantes, prepotentes, groseros.

No es posible que propietarios de automóviles deban ir a corralones privados a recoger vehículos que cometieron una infracción; es tiempo de corregir este negocio que pone en riesgo las finanzas estatales.

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