(Por: Soraya Pérez)

El coronavirus está cobrando cientos de vidas en nuestro país, y a unos días de entrar a la fase 3 de esta crisis, la más difícil de todas, se vuelve más importante que nunca implementar obligatoriamente los protocolos de salud y que nos solidaricemos con los más vulnerables ante esta enfermedad, particularmente, con quienes han sido nuestra primera línea de defensa en esta batalla: me refiero a todo el personal de salud, desde trabajadores sociales, enfermeros e intendentes, hasta los médicos.

Tristemente, su labor no ha sido debidamente reconocida por el gobierno federal, trabajan en condiciones críticas y, en muchos casos, sin los equipos suficientes que les permitan protegerse y proteger a los demás.

Los casos están a la vista de todos, los doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social son tan sólo un ejemplo, pero a pesar de que el personal de salud arriesga sus vidas, en su informe de actividades del 5 de abril, mi paisano el presidente López Obrador informó que, dentro de las medidas que adoptarán para “apretarse el cinturón” está incluida la reducción de las percepciones de los servidores públicos a partir del rango de subdirectores, así como la eliminación de sus aguinaldos, medida que también aplica en las instituciones públicas en las que laboran ¡nuestros médicos!

Quiero hacer notar que el reducir cualquiera de los conceptos que integran las remuneraciones no sólo es un acto inhumano e ilegal, sino también representa un grave atentado a sus derechos humanos, y de paso a las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados de configurar y aprobar el gasto público contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Yo me pregunto, si el Ejecutivo pudiera tomar este tipo de decisiones unilateralmente, entonces ¿para qué estamos los diputados?

Desde noviembre del 2019, los diputados federales aprobamos medidas relativas a la potencialización de un seguro de vida institucional y un pago extraordinario por riesgo hasta de 30% sobre la percepción ordinaria mensual de aquellas personas que, por desempeñar su encargo, ponen en riesgo su salud o seguridad, supuesto dentro del cual definitivamente caen nuestros médicos.

Estoy convencida de que proteger a nuestro personal de salud es proteger a México, y que si no lo hacemos perderemos la batalla contra el Covid-19.

Por esa razón es que, la semana pasada, presenté un punto de acuerdo, respaldado por más de 20 legisladores de distintas fracciones parlamentarias, para exhortar al presidente y a los gobernadores de los estados a no disminuir sus remuneraciones y, al contrario, que utilicen los mecanismos de compensación por riesgo establecidos en el PEF 2020.

Ayer escuchaba a un eurodiputado mientras sesionaban en Bruselas, que decía: “En estos tiempos de crisis, el Parlamento es el hospital de la democracia”. Por eso, en tiempos donde el gobierno parece plenipotenciario y no demuestra su responsabilidad con todos los mexicanos, mi compromiso como diputada está más fuerte que nunca.

Coincido que combatir la agenda de desigualdad de México es de suma importancia, pero la salud siempre es y será primero; como escribió Dionisio Meade, “la contienda no es entre nosotros sino nosotros juntos batallando contra el enemigo común”.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Columna públicada en el Diario el Economista

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Ex presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C