[Por Fernando Hernández Gómez]
Una contraloría que sí funciona
Desde que se hizo cargo de la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Miguel Armando Vélez Téllez (diciembre de 2014) dio la impresión que llegó con la espada desenvainada. Apenas el año pasado pidió a los consejeros amarrarse el cinturón y dejarse de derroches. Y la última: acaba de inhabilitar por un año al director y a dos funcionarios más del área administrativa por irregularidades en la cuenta pública 2015 de dicho órgano.
Nada que ver con su antecesora, Moraima Romero Herrera, quien se hizo de la vista gorda con las corruptelas y despilfarros de consejeros y funcionarios del Instituto; incluso ella incurrió en omisión con el tema de la compra del edificio en abril de 2011 para nueva sede del IEPCT, que hoy es uno más de los elefantes blancos que existen en Villahermosa.
La anterior contralora interna actuó sólo cuando sintió que la avalancha por el escándalo de la compra del edificio ubicado en Periférico por los rumbos de la colonia Tamulté, a un precio exorbitante (32.6 millones de pesos), amenazaba arrastrarla. Y actuó –sin que nadie le sancionara esa omisión– tardíamente en contra de los consejeros y funcionarios involucrados en dicha irregularidad.
Recordamos bien aquel escándalo. Cuando ya no quedaba de otra: la primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso local citó –un año después– a comparecer a la contralora interna para que presentara el dictamen final sobre la compra del edificio, relacionado con la cuenta pública del IEPCT del 2011.
Acosada por medios, doña Moraima dejó de ir a sus oficinas en el Instituto. Se dijo incluso que estuvo hospitalizada. (Tabasco Hoy, 13Feb.2013)
Para esto, el PRD estatal exigía que la acción penal que ya se iniciaba contra los consejeros se extendiera a la responsable del órgano de control interno, dado que pudo haber incurrido en ‘actos de omisión’ en el tema de la compra del edificio, pues desde el inicio de la compra-venta debió cumplir con su papel de vigilar todo el proceso de adquisición del inmueble; “no lo hizo y, por ende, tiene responsabilidad en ese asunto”. (Rumbo Nuevo, 17Abr.2013)
En efecto, la contralora debió haber fincado responsabilidades y sanciones administrativas. No lo hizo, y sólo actuó a raíz de la denuncia que presentó el PRD por la compra fraudulenta –hubo un sobreprecio de 12 millones de pesos–. Sin embargo, a ella nunca se le sancionó por el grave acto de omisión.
Eso ya es historia. El actual contralor interno, Miguel Vélez, pidió hace un año a consejeros bajarse el salario, suspender pago de celulares, reducir nómina, poner ‘bajo resguardo’ vehículos en tiempos no electorales y reducir otros gastos (combustible y renta de inmuebles), para evitar ‘caer en crisis’. (Tabasco Hoy, 11Jun.2016)
Y ayer los tabasqueños se desayunaron con la noticia que fueron inhabilitados por un año, por la Contraloría del IEPCT, el director Administrativo, Juan Manuel Segura, así como el subdirector y el jefe de Recursos Financieros, debido a que no pudieron comprobar erogaciones de la cuenta pública 2015.
“Del millón 200 mil pesos (en gasto por concepto de alimentos), encontramos una diferencia que no se pudo solventar por parte de ellos (Dirección de Administración), de alrededor de 670 mil pesos, y ya la suma cerrada nos da un millón 550 mil y, por lo tanto, en este momento están inhabilitados”, expuso Vélez. Además, se hicieron observaciones a los conceptos de transporte y material electoral que, sumados, dan un monto observado de un millón 550 mil pesos. (Telerreportaje, 25Jun.2017)
El faltante se detectó tras seis meses de revisión y pese a que sólo se usó una muestra del 30 por ciento de los recursos manejados por el área administrativa del IEPCT. ¿Cómo andarán las cosas si se hace un arqueo completo?
Las notificaciones por las inhabilitaciones se entregaron la semana pasada a la presidente del IEPCT, Maday Merino. Los funcionarios en cuestión deben estar ya separados de sus cargos. Empero, no se ha informado si se cumplió este mandato del órgano de control interno. ¿Incurrirán en desacato?
AL GRANO
SE ENSAÑARON… El gobernador Arturo Núñez Jiménez rechazó que la iniciativa enviada al Congreso local para otorgar pensión vitalicia a la cantante Dora María –por su aportación al folclor y cultura tabasqueña– contemple una retribución mensual de 67 mil pesos, como se ha difundido en redes sociales… La propuesta no establece cantidad alguna, precisó… “Eso habla de la mala fe con que se conducen, desde el anonimato o bajo seudónimos, pero muy claramente identificados, quienes promueven malas dinámicas en las redes sociales”, lamentó el jefe del Ejecutivo…
