[Redacción]
Valdría apuntar que como política pública, la transversalidad de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad no es efectiva en la medida que las personas con discapacidad auditiva o comunidad de sordos, carezcan, en instituciones públicas, de traductores certificados, que faciliten el principio de accesibilidad definido por la propia Ley
Promover la inclusión es responsabilidad de todos. Como legisladores, considero, debemos ser ejemplo con acciones concretas más allá de construir una legislación enunciativa
Villahermosa, Tabasco.- En sesión plenaria, la legisladora priista, Yolanda Rueda de la Cruz, entregó al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adrián Hernández Balboa, una propuesta de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, acordar la inclusión de un Traductor de Lengua de Señas Mexicana, en las sesiones del Pleno, con la finalidad de hacer efectiva la lucha contra la discriminación; así como los principios de inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.
Sobre el tema, consignó que la fracción XVII de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, refiere que el sistema de Lengua de Señas Mexicana es, en un principio, la lengua característica de una comunidad de sordos, y consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, además forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.
“En este contexto, esta LXII Legislatura, tiene el compromiso de hacer efectivo el principio de accesibilidad e inclusión, apoyando parte de su ejercicio de transparencia y acceso a la información, en un Traductor de Lengua de Señas Mexicana para que el sector de discapacidad auditiva que acude a este Recinto, se informe de las tareas que como legisladores realizamos en el Pleno, como sucede, por ejemplo, en las sesiones en vivo del Congreso de la Unión y de las transmisiones en vivo que el Canal del Congreso de la Unión realiza a nivel nacional y como propiamente, lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros entes públicos”.
La diputad del PRI, aclaró que no es una concesión graciosa, es un mandato, la promoción de la lucha contra la discriminación y de políticas públicas de inclusión, debe empezar desde quienes hacen las leyes.
Como dato, dijo, en México, el sector con discapacidad auditiva o sordos, representan entre 10 y 12 por ciento de la población de discapacitados, que asciende a 7.7 millones de personas, en un País de 120 millones de habitantes. Concretamente, de acuerdo con cifras del INEGI, en México 700 mil personas tienen discapacidad auditiva.
“Al respecto, valdría apuntar que como política pública, la transversalidad de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad no es efectiva en la medida que las personas con discapacidad auditiva o comunidad de sordos, carezcan, en instituciones públicas, de traductores certificados, que faciliten el principio de accesibilidad definido por la propia Ley”.
“Promover la inclusión es responsabilidad de todos. Como legisladores, considero, debemos ser ejemplo con acciones concretas más allá de construir una legislación enunciativa”.
