[Por Fernando Hernández Gómez]
‘Gratificaciones’
Una pugna entre ejidatarios de la ranchería Lázaro Cárdenas, municipio de Centro, que acusan de supuesto fraude a la presidente de su comisariado Alejandra Barrueta Díaz, con los recursos que recibió a nombre de la comunidad como indemnización por ceder parte de sus parcelas para la ampliación de la carretera Villahermosa-Cárdenas, puso al descubierto presuntas prácticas de corrupción en las delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria.
La historia se remonta al año 2014 cuando la SCT federal debió desembolsar 55 millones 196 mil 192.05 pesos por la indemnización a 65 ejidatarios de una fracción del ejido que se destinaría al derecho de vía de dicha carretera en el tramo ampliado a ocho carriles.
Carmela Magaña López es una de los ejidatarios que se dicen afectados con el pago de las indemnizaciones, ya que alega que Barrueta Díaz recibió en 2014 los más de 55 millones de pesos; sin embargo, sólo reportó al ejido 32 millones. Al exigírsele que esclareciera el destino del resto del dinero, ésta les reveló que del faltante dispuso recursos para otorgar ‘gratificaciones’ a funcionarios de la SCT y de la Procuraduría Agraria.
Este caso de corrupción fue ventilado por Telerreportaje en su edición del 25 de enero último. Y es prácticamente de risa cómo se desenvuelve, toda vez que quienes se dicen afectados no acudieron a la radiodifusora XHVT a acusar a los funcionarios federales, sino a exigir que su representante ejidal les esclarezca el destino que dio al monto millonario que cobró a la SCT como indemnización a nombre de la comunidad y que pague lo que les corresponde.
En junio del 2016, la comunidad interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Alejandra Barrueta Díaz por presunto fraude, ya que habría falsificado las firmas de los ejidatarios para hacer una ‘donación’ de 10 millones de pesos a un funcionario del Centro SCT Tabasco.
“En su declaración, Alejandra Barrueta Díaz le dice al Ministerio Público que todos los ejidatarios estuvimos de acuerdo en regalarle 10 millones de pesos al ingeniero de la SCT, Manuel Bautista López –titular del área de derecho de vía en la entidad–, pero la verdad nosotros nunca le dimos esa cantidad de dinero a eso hombre… nunca estuvimos de acuerdo”, indicó Carmela Magaña.
La querella no prosperó. “En diciembre de 2016 –refirió–, la Fiscalía nos manda a decir que no hubo delito por perseguir, que no hubo fraude y que la daba por terminada”.
Expuso que de acuerdo al monto pagado por SCT, a cada ejidatario correspondía un millón 350 mil pesos. “A mí sólo me dio 120 mil pesos”, acotó Magaña López, e hizo otra revelación: que al abogado agrario Juan Carlos Olea, se le habrían entregado a la mano 630 mil pesos, para que les ayudara en trámites ante la Procuraduría Agraria.
El 27 de enero de este 2017, Alejandra Barrueta reconoció ante Telerreportaje que por el apoyo recibido en el pago de la indemnización por porte de la SCT, entregó como “gratificación” 10 millones de pesos a Batista López. “Él nos ha ayudado en las gestiones que se hicieron para recoger el beneficio”, expresó.
También admitió que al abogado Juan Carlos Olea se le entregaron 600 mil pesos, por “acuerdo de los ejidatarios”, pues “nada se ha hecho secretamente”.
De los supuestos sobornos que habrían recibido sus colaboradores tienen conocimiento los delegados de SCT, Sergio Herrera Concha y de la Procuraduría Agraria, Efraín Fernández Lastra.
El titular del Centro SCT Tabasco declaró que se requiere denuncia formal para proceder contra su colaborador. El delegado de la Procuraduría Agraria señaló que, aunque la denuncia se hizo en un programa de radio, se inició un procedimiento interno que puede llevar al cese del funcionario.
“Todos los servicios que presta la institución a los sujetos de derecho agrario, no tienen costo alguno; de lo contrario, estaríamos ante un acto deshonesto y de corrupción”, puntualizó Fernández Lastra. (Telerreportaje, 30Ene.2017)
¿Qué cree? Según las versiones de los ejidatarios otros dos funcionarios de la Procuraduría Agraria también habrían recibido sobornos. El delegado de la SCT sigue a la espera de una denuncia formal, pues –dijo– ya le preguntó a su colaborador de los señalamientos que le hacen, “y él dice que son infundios”.
No hay que perder de vista el tema, ni la pista a los 10 millones de pesos o más recursos que andan bailando, porque no hay que descartar que se repartieran con los de arriba. ¿Será otra historia de sobornos, de corruptelas, de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que quede en el olvido?
AL GRANO
¿Y EL ADALID de lucha contra la corrupción Enrique Ochoa Reza? ¿Acaso no hay en el PRI tabasqueño alguien que se interese por la corrupción denunciada en las delegaciones federales?
