[Por Fernando Hernández Gómez]
El país de lo superfluo
La ostentación de riquezas y comodidades es algo que siempre ha caracterizado a nuestros hombres públicos.
No hay quién que, llegado a la cúspide del poder, se resista a renunciar a llevar una vida de rey, desde luego a costa de los presupuestos que ejercen.
Despilfarrar el dinero que no es suyo es algo connatural de nuestros políticos pertenecientes a todas las banderías políticas y tendencias ideológicas.
Me ha tocado ser testigo de la historia de este país desde los tiempos de José López Portillo, y no he conocido a un gobernante que haya renunciado a privilegios que son prohibitivos para el grueso de los mexicanos.
Ingresos exorbitantes, vehículos de lujo, gastos de representación ilimitados, viáticos propios de jeques cuando atienden comisiones fuera, escoltas y ayudantes para ellos y sus familias, y todas las tecnologías de comunicaciones a su alcance, gozan estos personajes, sean tiempos de bonanza o de penurias para la nación.
Hoy que el país vive una tremenda crisis económica, agravada por el gasolinazo y las amenazas recurrentes de Donald Trump que traen a nuestra moneda en una devaluación que parece interminable, sale a debate el tema de recortar el gasto público y eliminar gastos no prioritarios.
Atrapado en esta crisis, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó reducir en 10 por ciento los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios.
Cada vez cobra más fuerza la idea de reducir las prerrogativas a los partidos políticos; anular los bonos y privilegios que reciben legisladores federales, e incluso resurgió la propuesta de eliminar las diputaciones plurinominales.
El Instituto Nacional Electoral canceló ‘Inelandia’, como se dio en llamar al mega-proyecto de su nueva sede en Tlalpan, de mil 70 millones de pesos, que incluía dos torres de 14 niveles, plazas, museos, gimnasios y huertos, y los consejeros electorales sacrificaron sus ingresos al reducirse sus sueldos de 400 mil pesos mensuales en… 10 por ciento.
En los gobiernos estatales y en el de la Ciudad de México están explorando mecanismos para apretarse los cinturones.
Aquí en Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez instruyó al secretario de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis que revisara “qué esfuerzos de austeridad podemos hacer”.
El debate sobre la necesidad de hacer recortes en gastos superfluos e implementar medidas de austeridad, llegó al Congreso local. Y hasta se tardaron porque, la verdad, los legisladores tabasqueños se despachan con la cuchara grande.
Un dato que parece insignificante pero que al año representa una sangría al presupuesto del orden de dos millones 100 mil pesos, es la dotación de combustible que recibe cada uno de los diputados locales.
A cada uno de los 35 legisladores se entregan mensualmente vales por cinco mil pesos canjeables por gasolina. Más allá de que muchos dijeron que los usan para obras de caridad, la discusión se centra en qué destino darán a esos talones.
“Es un asunto que discutíamos hoy. Estamos evaluando y vamos a volvernos a reunir para ver de qué manera le podemos dar un uso a este recurso”, expuso el miércoles 11 el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega Asmitia, quien comentó que los vales en cuestión podrían donarse a la Secretaría de Salud o la Cruz Roja, que –indicó– requieren de combustible y ante la crisis han visto afectada su operatividad.
Como que les duele a nuestros flamantes diputados desprenderse de esa canonjía, cuando es tan fácil suprimir definitivamente esa partida de su presupuesto de egresos. ¿A qué más estarían dispuestos a renunciar?
Y los partidos políticos locales, ¿qué porcentaje de las prerrogativas que les otorga el IEPCT estarían dispuestos a reducirse? Estamos hablando de 80 millones de pesos anuales. PRD y PRI se llevan 20 millones cada uno.
Para evitar derroches de recursos públicos y suprimir privilegios a nuestros hombres públicos, podríamos empezar con algo tan sencillo como esto: que ningún funcionario, legislador, magistrado, juez, consejero o cosa que se le parezca, utilice vehículos oficiales –exceptuando mandos policiacos y castrenses que lo requieran–, ni reciban dotaciones o vales de gasolina; que a nadie se le compre o rente equipos de telefonía celular.
Que a los empleados de Pemex se les supriman las dotaciones de combustible y a los de CFE, el suministro de energía eléctrica sin costo, porque se trata de recursos de la nación, no de esas paraestatales.
La verdad, hay tanto por recortar.
AL GRANO
Aquí les pregunto: ¿qué hubieran hecho ustedes?
