[Por Fernando Hernández Gómez]

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Romper intereses creados

El combate a la inseguridad y a la incidencia delictiva es harto complejo. No basta cambiar jefes policiacos y crear nuevas áreas en las corporaciones para atacar la criminalidad.

La tarea de proteger y brindar tranquilidad a un pueblo pasa por una cadena que comienza con la prevención, sigue con la investigación y persecución de los delincuentes, pasa por el procesamiento y sanción de los malhechores, y acaba en su reclusión y reinserción social.

Agreguémosle la capacitación y profesionalización, los exámenes de confianza y las remuneraciones de todos los servidores públicos involucrados.

Si algo falla, si algo se hace mal, sea por incompetencias o deshonestidades en cualquier eslabón, se da al traste en el propósito de salvaguardar a la sociedad.

Y eso es lo que ha sucedido no sólo en los tiempos recientes, sino desde hace muchísimos años.

Intereses creados en todos los niveles, desde el policía que se deja cohechar por el ladrón para dejarlo libre, hasta el juzgador que igual se vende al mejor postor y encuentra la ‘coma’ para objetar el debido proceso, han influido para que hoy se padezca esta inseguridad alarmante y prevalezca la impunidad.

Decía el lunes 18 el gobernador Arturo Núñez Jiménez que no está a discusión la ‘evidente’ crisis de inseguridad pública; lo que no es real, atajó, es lo que arrojan encuestas, de que Tabasco sea la primera entidad con incidencia delictiva. Ésta es elevada, no la primera del país. Y lo atribuyó a que la percepción siempre se desborda por encima de lo real.

Compartió lo que opinó el fin de semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Javier Priego Solís, de que la percepción es sólo una cuestión subjetiva.

El titular del Ejecutivo reforzó esa idea. “Nos hacemos cargo de que hay un problema objetivo, cierto y real de crisis de inseguridad en el estado, y estamos estableciendo las modalidades de enfrentarlo conjuntamente con el gobierno federal y el apoyo de los gobiernos municipales, pero no somos el primer lugar en incidencia delictiva”.

Lo primero que se hará, apuntó el gobernador, es resolver el problema de inseguridad, con estrategias implementadas coordinadamente con los otros órdenes, “y seguramente con eso bajará la percepción”. También se impulsarán mecanismos de difusión de lo que se va alcanzando en la materia. Esto, para cambiar ese sentimiento de inseguridad en la gente.

El plan está en marcha. Ya se dio el primer paso al cambiar a funcionarios que no estaban dando el ancho y crear áreas estratégicas para atacar precisamente los delitos de alto impacto.

Ya se toman medidas para cuidar que todo lo que transite en la vía pública, desde motocicletas y automóviles particulares y de servicio público, hasta camiones de carga y de mudanza y lo que transportan, tenga una procedencia legal. Se estableció un cerco policiaco en los límites con estados vecinos.

¿Qué falta? Bueno, falta que la acción por limpiar las corporaciones, que comenzó con la designación de nuevos mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado, llegue también a todos los niveles.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Antonio de la Vega, se sumó al planteamiento de sanear las corporaciones.

“Tenemos que seguir insistiendo en que los cuerpos policiacos tienen que depurarse, porque si no se tiene una corporación preparada para enfrentar la criminalidad pues los índices van a seguir creciendo”, recalcó el legislador perredista.

¿Qué sigue? Que en el siguiente eslabón, el de la administración de justicia, que estrena el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se subsanen los puntos débiles, viejos vicios y fallas que ya exhibe esta estrategia nacional.

Este nuevo sistema entró en vigor hace un mes, y en opinión del gobernador Núñez, para consolidarlo, aún falta vencer muchas resistencias, inercias e intereses creados en la impartición de la justicia.

El titular del Poder Judicial en la entidad reconoció que el desafío que viene será demostrar que este nuevo modelo funciona socialmente.

“Ahora hay que comprobar que esta nueva forma de impartir justicia verdaderamente permite la aplicación de la ley de manera rápida y expedita; si fallamos, además de tiempo, habremos perdido la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, admitió Jorge Javier Priego.

AL GRANO

¿CÓMO ANDARÍAN LAS cosas que ya la gente se estaba haciendo justicia por propia mano, principalmente en algunas colonias y comunidades donde la población ya estaba harta de que los delincuentes hicieran de las suyas…

Según el Codehutab, se cuadruplicó el número de linchamientos contra probables delincuentes; hasta mayo se registraron más de 69 personas sometidas por vecinos tras ser sorprendidas en hechos delictivos…

Otros ciudadanos han optado por armarse y eso los ha llevado a adquirir armas de fuego en el mercado negro…

Ni lo uno ni lo otro es correcto. Lo deseable es que la autoridad haga su tarea y la ley se aplique bien y a tiempo. ¿No?