[Eugenia Rodríguez]

* Propone la diputada Ana Bertha Vidal Fócil que los 17 Ayuntamientos expidan  o adecuen sus Reglamentos de la Ley para la Protección y Cuidado de los Animales en el Estado

Plantea la diputada Rosalinda López Hernández modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia del indebido manejo y aplicación de recursos públicos, solicita la legisladora Mirella Zapata Hernández

Informes sobre el destino de los medicamentos que no fueron distribuidos a las 17 jurisdicciones sanitarias y hospitales, pide el diputado Francisco Castillo Ramírez

Villahermosa, Tabasco.- Por unanimidad de votos y con una modificación, el Pleno de la LXI Legislatura avaló exhortar a los 17 Ayuntamientos para que provean el equipo y personal necesario a sus Unidades de Protección Civil, a fin de cuenten con las condiciones necesarias para dar respuesta inmediata y adecuada a las comunidades que se encuentran en riesgo  ante la temporada de lluvias, ciclones y frentes fríos.

La propuesta inicial de la legisladora Mileidy Aracely Quevedo Custodio contemplaba al municipio de Cunduacán, en razón de que las comunidades de Huacapa y Ameztoy y Yoloxochitl Tercera Sección se encuentran en riesgo de sufrir afectaciones a causa de la tromba del pasado domingo 21 de septiembre.

Ante ello, presentó un Punto de Acuerdo como de urgente resolución mediante el cual solicitó evaluar los daños en esas comunidades y que se reforzara el equipo con el que cuenta la Unidad de Protección Civil municipal para atender a los pobladores de dichas comunidades.

En su oportunidad, la diputada Verónica Castillo Reyes subió a la tribuna para sumarse a la propuesta aunque solicitó incluir a los 16 municipios restantes, petición que fue avalada por unanimidad de votos.

Por otra parte, la legisladora Ana Bertha Vidal Fócil exhortó a los 17 Ayuntamientos para que expidan el Reglamento de la Ley para la Protección y Cuidado de los Animales en el Estado, y adecuen los existentes, para el correcto cumplimiento de las disposiciones de ley.

Recordó que el pasado mes de diciembre el Congreso del Estado expidió la Ley en cuestión, la cual al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado establece un plazo de 30 días para entrar en vigor dicha disposición.

Dijo que al terminar el tiempo establecido para las modificaciones correspondientes existe la necesidad de que los cabildos expidan o adecuen los reglamentos en la materia para el debido cumplimiento de sus disposiciones, por lo que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales será la instancia encargada de analizar la propuesta.

En otro tema, la diputada Rosalinda López Hernández planteó modificar diversos artículos y el nombre de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de adecuarla a las reformas en materia de derechos humanos, político-electoral, entre otros aspectos.

La Iniciativa de Decreto enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, establece que las resoluciones que emita el presidente de la Junta de Coordinación Política, por las que se impongan sanciones administrativas, podrán ser recurridas por los sujetos sancionados ante dicha instancia, la cual al resolver la revocación y al imponer sanciones serán irrecurribles administrativamente.

De la misma manera, plantea que los servidores públicos del Poder Legislativo (Diputados, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y Coordinadores), Fiscal General del Estado, Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial, así como servidores públicos de los distintos órganos autónomos deberán presentar las declaraciones correspondientes.

En otro sentido, al señalar que los valores y prácticas éticas permiten a los individuos formarse una mejor idea para evaluar la gestión de las instituciones y de sus funcionarios, la diputada Mirella Zapata Hernández presentó una Iniciativa de Decreto para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia del indebido manejo y aplicación de recursos públicos.

La adopción de la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, permitirá a los gobiernos adoptar una verdadera responsabilidad, suprimir las voluntades y convicciones individuales, sobreponiendo el interés de los gobernados, agregó.

La propuesta prevé que cuando el servidor público disponga de un recurso para un fin distinto al que fue destinado o etiquetado originalmente, o disponga del recurso sin tener autorización legal para ello, se le sancionará con suspensión, destitución del cargo, sanciones económicas e inhabilitación temporal para desempeñar otro cargo público.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizará el punto de acuerdo presentado por la legisladora Mirella Zapata Hernández.

A su vez, el diputado Francisco Castillo Ramírez propuso exhortar a la Secretaría de Salud para que informe el destino de los medicamentos que no fueron distribuidos a las 17 jurisdicciones sanitarias y hospitales, toda vez que éstos presentan una caducidad menor a los cinco meses, y que fueron hallados en el Almacén General de dicha dependencia.

La propuesta enviada a las Comisiones de Salud Pública y a la Primera Inspectora de Hacienda también prevé exhortar al Órgano Superior de Fiscalización para que inicie los procedimientos administrativos y resarcitorios, así como fincar las responsabilidades correspondientes para evitar se prolifere este tipo de prácticas.