[Por Fernando Hernández Gómez]
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Culiacán
De pronto muchos se volvieron expertos en estrategias contra el crimen organizado y lanzaron sobre el gobierno federal ráfagas interminables de reproches y burlas de todos los calibres por el operativo fallido para atrapar el jueves 17 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que degeneró en caos y causó zozobra en la capital sinaloense.
De la guerra en las calles contra la delincuencia organizada, las hostilidades se trasladaron a los medios de comunicación y particularmente a las redes sociales, donde parece que en las horas que siguieron el gobierno federal perdió la primera batalla a seis semanas de cumplir el primer año del periodo sexenal.
La versión oficial más sólida y creíble de este suceso que causó revuelo mundial la dio la mañana del viernes 18 el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval al referir que el grupo responsable de esa acción –personal de la misma Sedena y de la recién creada Guardia Nacional– en un afán de tener resultados positivos, “actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores… Se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización delictiva para evitar el aseguramiento de Ovidio Guzmán López”.
Sobre el desenlace que tuvo la acción de las fuerzas federales en Culiacán, el titular de la Sedena expuso: “Al advertir el alto índice de violencia generalizado que se produjo, este Gabinete de Seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas en la ciudad. Con la acción anterior el grupo delincuencial suspendió las agresiones y libera al personal militar que había sido retenido”.
Y añadió: “Se ordenó desactivar el dispositivo y concentrar las fuerzas y aeronaves a sus cuarteles. Esta acción no debe de considerarse como un rompimiento del estado de derecho, ya que se privilegió en todo momento la protección del interés jurídico superior, como lo es la vida de la población civil, también el respeto a los derechos humanos, y el adecuado uso de la fuerza, y evitar que se presentara algún tipo de masacre”.
En su conferencia de prensa mañanera del viernes 18, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio su posición. Las fuerzas de seguridad federales, “tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgos muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso. No se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas; ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, aseveró desde Oaxaca, donde realizó gira.
Quizá refuerza esta posición, una versión publicada el viernes 19 por el diario The Wall Street Journal, que según un ex funcionario del gobierno con conocimiento de la situación que se vivió Culiacán el jueves, la orden para liberar al hijo del ex líder del cártel de Sinaloa se dio luego que se informó a altos mandos en la Ciudad de México que, al menos, seis soldados eran rehenes de hombres armados, lo que incluiría el envío de videos con militares retenidos.
Se mantiene en el ambiente, por la arremetida en redes sociales –en gran parte atizada por la oposición de derecha, o ‘conservadores’, como le llama López Obrador–, la idea de que la delincuencia organizada le ‘tomó la medida’ al gobierno federal y que ‘fracasó’ la estrategia para combatir la inseguridad.
Las posiciones oficiales no han tenido el eco que sus posturas en otras situaciones difíciles que ha enfrentado el régimen morenista –como la guerra contra el huachicol–, aunque les asista la razón en cuando a que no se puede ‘apagar el fuego con fuego’, ni se va a ‘convertir el país en un cementerio’.
Sin duda que el gobierno debe revisar y reforzar su estrategia de comunicación, para que quede claro ante la ciudadanía lo dicho por el mandatario nacional de que “no hay contubernio entre delincuencia y autoridades”, y que “está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridades”.
Temprano o tarde volverá a caer Ovidio Guzmán, contra quien existe orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos, emitida por un juez federal. No hay que creerse las versiones de priistas y panistas que descalifican la actuación de las fuerzas federales, ni sus consejos de cómo deben ser las estrategias de seguridad, pues aunque parezca tema trillado decirlo, gran parte de la fuerza operativa de que gozan los cárteles mexicanos se debe a que mucho tiempo los dejaron actuar en la impunidad quienes gobernaron el país ocho décadas, unos, y dos sexenios, los otros, más allá de sus saldos rojos.
¿Qué sigue? De parte del gobierno federal se han anunciado dos acciones: la primera, retomar el control y restablecer el orden y la tranquilidad en las calles de Culiacán, incluyendo la instalación de puntos fijos y móviles de revisión en distintos puntos de la ciudad; y la segunda, presionar al gobierno estadounidense para ‘congelar’ el tráfico de armas hacia este país, como le propuso el Presidente de México a su homólogo estadounidense Donald Trump, para contener el crimen organizado transnacional.
AL GRANO
DE LUJO, EDICIÓN 2019 del Festival Cultural Ceiba… El evento, parecía iba a extinguirse al quedarse sin recursos a fines del régimen anterior, pero el actual gobierno lo retomó con espectáculos de primer nivel… Ojalá el Festival logre motivar en el futuro a más tabasqueños y sea un atractivo turístico…