[Mario Gómez y González]
chayogomezg@hotmail.com
Alfabetización: un fiasco más de ANJ
La evaluación de las acciones y programas de gobierno es, desde hace tiempo, una preocupación constante de las administraciones federales, estatales y municipales, con miras a revisar los resultados que se obtienen, en la búsqueda por mejorar los índices de bienestar y desarrollo de los diferentes núcleos sociales.
No es solo una comprobación de conformidad de la acción pública o los programas y acciones determinados, para y dirigida, en favor de los estratos sociales diversos que interactúan en una sociedad tan compleja como en la que vivimos; sino que expresa un juicio de valor sobre el éxito de los resultados y de los impactos, deseados o no, de las políticas públicas.
Dicho de otra manera, se entiende, generalmente, por evaluación un proceso integral de observación, medida, análisis e interpretación, de una política pública (programa y acción de gobierno), que permita alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos.
Una noticia difundida ayer, a través de los benditos medios de comunicación, obtuvo uno connotación importante no solo en el contexto educativo, sino en el político en la agenda social de Tabasco, pues involucra a una ex funcionaria de la pasada administración gubernamental, Martha Osorio Broca; misma que todavía, tiene a su cargo la dirigencia de una asociación o agrupación política (José María Pino Suárez), creada, patrocinada e impulsada, a la medida del ex mandatario local Arturo Núñez Jiménez.
Asimismo, a Martha Osorio Broca, se le ubicó todo el sexenio anterior, como miembro del círculo inmediato de Martha Lilia López Aguilera de Núñez, ex presidenta del Consejo Consultivo del DIF Tabasco, quien la distinguió con el cargo público que ostentó, además de impulsarla para lograr cargos de elección popular, mismos que no pudieron concretarse por el veredicto de las urnas, nos informaron.
Martha Osorio Broca, ex titular del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), de repente aparece en el “ojo del huracán”, luego de que el ahora titular de esta dependencia estatal, con importante financiamiento federal, hiciera pública una acusación en el sentido de que, al realizar las revisiones y evaluaciones de las acciones y programas propios de este sector, se encontrara a personas, supuestamente alfabetizadas, pero que, en la realidad, no saben leer ni escribir.
Enrique Soberanes Rivera, actual titular de esta dependencia aseguró que, durante el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, y precisamente en los tiempos en los que despachó en el IEAT Martha Osorio Broca, no solo se reportó como alfabetizadas a estas personas, sino que se les comprobó que no saben leer ni escribir y, peor aún, se les entregó el certificado que avala la instrucción primaria concluida.
El funcionario informó que como acción inmediata, se procedió a invalidar esos documentos oficiales de instrucción primaria expedidos por la administración del IEAT, a cargo de Martha Osorio Broca, y paralelamente, se ordenó que este grupo de personas, ocho en total, originarias de la comunidad indígena de Tucta, en el municipio de Nacajuca, se les instruya de nueva cuenta en el proceso de alfabetización (enseñarles a leer y escribir, así como operaciones aritméticas básicas), en su lengua natal, que es el dialecto Yocot’an.
La acusación pública de Soberanes Rivera, no se limita solamente a lo antes expuesto, sino que estas acciones evidencian la expedición y entrega de estos certificados de instrucción primaria, con la finalidad de inflar las metas que la oficina central del INEA en la capital de la República, le puso a su homóloga de Tabasco, IEAT.
Así también, pudieran aparecer, añadió el nuevo titular del IEAT, otros casos similares como el de Tucta Nacajuca, en otras comunidades de la geografía tabasqueña, especialmente con población indígena, todo ello derivado, según él, de una ineficiente política de seguimiento, supervisión, control y evaluación del proceso de alfabetización para los adultos mayores de 15 años, que no sabían o no saben leer ni escribir y que, se reportó oficialmente como atendidos. Vaya lio.
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