[Por Fernando Hernández Gómez]
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La Ley de Archivo y el saqueo
La historia documentada del saqueo perpetrado al erario de Tabasco en el periodo 2007-2012 quizá nunca se conozca a detalle porque a las acusaciones que se cocinaron en el sexenio anterior contra el régimen granierista les faltó un ingrediente: pruebas testimoniales que corroboraran gran parte de los malos manejos y desvíos del presupuesto público que denunciaron.
¿La causa? Expedientes de cuentas públicas del granierato fueron ‘hurtados’, como se consignó en una denuncia penal casi secreta del asalto al camión que las transportaba a no se sabe dónde. O desaparecieron en un ‘auto-robo’ al final del sexenio, según acusó la instancia de procuración de justicia del nuñismo.
Y es que antes –hablo del viejo régimen– los funcionarios de todos los órdenes de gobierno se encargaban, a días de dejar los puestos públicos, de destruir, desaparecer, quemar, triturar o simplemente tirar a la basura todo documento que pudiera servir de evidencia en su contra. La verdad, eso no se castigaba.
Refresquemos la historia registrada en páginas de diarios estatales y nacionales, para que no se borre de la memoria colectiva lo que sucedió aquellos años, y lo que se está haciendo ahora, para que todo soporte documental sea resguardado, por mandato de ley, en archivos a disposición del público.
¿Qué documentos desaparecieron? Al gobierno de Andrés Granier Melo se le acusó no sólo de haber dejado anomalías financieras por 23 mil millones de pesos, sino que a su administración le “robaron” todos los documentos contables. Víctor Lamoyi, secretario de Finanzas al inicio del régimen nuñista indicó que colaboradores de Granier reportaron en agosto de 2012 el robo de una camioneta que presuntamente transportaba los documentos de respaldo del presupuesto estatal. En ese vehículo también iban documentos de transferencias bancarias del sexenio, las cuales, tan sólo en 2012, rondaron los cinco mil millones de pesos. Según Lamoyi, su antecesor, José Manuel Sáiz, denunció ante la Procuraduría de Justicia estatal el robo de dicho vehículo, lo cual quedó asentado en la averiguación previa AP-Fecoro-III-1960/2012. La versión del traslado de los documentos, no se la creyó nadie, puesto que dichos expedientes debían permanecer en almacenes de Finanzas. (Zócalo, 09Mar.2013)
Eran más de 100 cajas que “amparaban los soportes contables y evidencia documental de los gastos de inversión, gasto en seguridad pública, contratos, solicitudes, oficios, canje de vales y dictámenes, que respaldaban el ejercicio de recursos de los presupuestos de 2007 a 2012”, mencionó Lamoyi.
“Aquí está la denuncia: en agosto del 2012 se perdió toda la documentación o se la robaron. Entonces, que el ex gobernador Granier Melo diga que quedó en los registros toda la documentación que comprueba el ejercicio del gasto es completamente falso; aquí está, ellos mismos denunciaron el robo de esta camioneta”, remarcó el secretario de Finanzas. (Excélsior, 09Mar.2013)
Por esas fechas, el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez calificó a su antecesor como “depredador del presupuesto público de Tabasco”. (Excélsior, 16May.2013)
Seis años después (6 de junio de 2019), en su reaparición pública, Granier afirmó que su encarcelamiento de cinco años obedeció a una venganza política de Arturo Núñez, y volvió a rechazar que heredara un Tabasco en quiebra. “Dejé 700 millones de pesos al nuevo gobierno de Arturo Núñez para cumplir los compromisos con proveedores y no dejé deuda con pensionados”, recalcó.
¿Cómo evitar que el saqueo a las arcas públicas vuelva a repetirse? ¿Cómo impedir que los funcionarios que se despachan con la cuchara grande el dinero que el pueblo pone bajo su custodia, oculten o destruyan pruebas de sus actos?
La primera pregunta la deberán responder, con su actuación, los entes fiscalizadores del presupuesto y la fiscalía anti-corrupción. La otra –y esto es algo que debió hacerse hace mucho tiempo– con la ley.
Tengamos presente que el 15 de junio último entró en vigor en todo el territorio nacional la Ley General de Archivos, que ordena preservar toda documentación oficial de manera digital, por ser de carácter público.
La Ley General de Archivos regula la generación, clasificación, organización, sistematización, tratamiento, conservación y acceso a la información contenida en todo tipo de documentos, precisó el presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a Información Pública (ITAIP), Jesús Manuel Argáez.
Anteriormente los documentos que generaban servidores públicos se los llevaban o los destruían; eso ya no sucederá, “ya están tipificado como delito”, subrayó el titular del ITAIP.
Habrá que aprovechar esta ley, que a los ciudadanos confiere el derecho de poder acceder a cualquier documento oficial –con excepción de los que tienen que ver con temas de seguridad y los que sean parte de indagatorias judiciales–, sobre todo los que tienen que ver con el manejo del dinero público, sin que nos salgan con el cuento de que ‘se los robaron’ o ‘se perdieron en la inundación’. Pero también, ya no habrá excusas para que las autoridades digan que no tienen pruebas documentales para sancionar actos indebidos en el desempeño de cargos públicos.
AL GRANO
HABRÁ QUE IR a deleitarse al Feria Internacional de la Luz en el marco del Festival de la Ciudad de Villahermosa desde este viernes 21 y hasta el lunes 24… La recomendación para acudir a este espacio de exhibición de arte, que por primera vez se presenta en la capital tabasqueña, la hizo Carlos Arturo Cabrales, en el más escuchado y madrugador programa radiofónico Amanecer de mi Tierra, de la XEVT… Será toda una experiencia ver arte en un concepto de luces que podrá apreciarse en los foros del parque Tomás Garrido Canabal, el Musevi y la Plaza de la Revolución…