[Por Fernando Hernández Gómez]
ANJ: gobernabilidad y piso parejo
Al celebrarse el mismo día –1° de julio– y concurrir por primera vez en la misma mesa receptora, seis procesos electorales, con representantes partidistas y ahora también de candidatos independientes, la organización y celebración de la jornada electoral se antoja un reto complejo, y si bien los árbitros federal y local actuarán de manera coordinada, requerirán de apoyo externo, de la llamada coadyuvancia de los tres órdenes de gobierno para que los comicios se celebren en orden, en tranquilidad, se garantice el libre ejercicio del voto y, al final del día, sea la voluntad mayoritaria lo que cuente.
Una tarea dificilísima tendrán, al mismo tiempo, los dos órganos que ya están totalmente ciudadanizados: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) para sacar adelante las elecciones en que se renovarán los poderes federales y locales, incluyendo Presidente de la República y gobernador del estado. Sin embargo, requerirán de la colaboración del gobierno estatal para que se garanticen no sólo la seguridad de los ciudadanos que concurrirán a las dos mil 913 casillas ese día, sino también del personal que desplegarán en los 17 municipios, del traslado de la documentación electoral antes y al finalizar la jornada, y toda la logística para que las elecciones sean pacíficas y no cunda el desorden.
Para hacer posible esa coadyuvancia, el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha mostrado plena disposición de apoyar al INE y al IEPCT en lo que requieran para que su trabajo se haga sin interferencias externas. Primero, el 13 de febrero, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres suscribió un convenio de colaboración con el órgano electoral local, y ayer, el propio jefe del Ejecutivo estatal atestiguó la firma del acuerdo con el órgano federal, presidido en la entidad por la consejera María Elena Cornejo Esparza.
A la par de ese apoyo previsto en la ley, el mandatario tabasqueño tiene como compromiso ser garante del respeto a la ley para que existan condiciones para una competencia legal, equitativa e imparcial, sin desvíos de recursos públicos, ni injerencias de agentes gubernamentales que puedan inclinar la balanza hacia partidos o actores políticos que intervienen en la contienda.
De eso habló ayer Arturo Núñez en su reunión, en Palacio de Gobierno –para que las autoridades educativas pongan a disposición de dichos órganos los planteles escolares para la instalación de mesas receptoras de votos–, y ante los consejeros del INE y también de la presidenta del IEPCT, Maday Merino Damián, hizo una breve semblanza del órgano federal, del que él fue artífice como su primer director general cuando se le conoció como IFE.
Subrayó que las autoridades gubernamentales “también somos coadyuvantes para que ustedes puedan cumplir en plenitud esas tareas de garantes, de los principios rectores, y uno fundamental es la imparcialidad”. Y puntualizó:
“Yo quiero, primero que nada porque es un ordenamiento constitucional y legal, es un mandato jurídico; en segundo, por convicción personal propia; en tercero, por mi propia trayectoria que me vinculó más de dos décadas a la construcción de la institucionalidad electoral del país, y mi condición de demócrata irredento de que al frente del gobierno del Estado, como lo he hecho al interior de mi propio partido, seré garante de piso parejo en lo que toca a los recursos, a todo lo que es responsabilidad del gobierno del Estado”.
Por ello, especificó que ha instruido a sus colaboradores del gabinete legal y ampliado, que cumplan irrestrictamente con la ley: que los recursos públicos se utilicen para lo que tienen destinado por mandato legal, y no se desvíen ni se sesguen en el otorgamiento de la prestación de bienes, servicios, con sesgos de carácter partidista o de preferencia personal.
Remarcó –como lo comprometió antes en el proceso interno de su partido: el PRD– que los servidores públicos pueden ejercer sus derechos políticos y a tener preferencias; empero, “a lo que no tienen derecho es a usar recursos públicos en función de esas preferencias, y en este sentido, yo también me comprometo, lo reitero por mandato legal, por convicción, por trayectoria, por plenitud democrática, de garantizarle a todos los actores políticos en Tabasco piso parejo”.
La indicación, abundó, también fue para la televisora y radio estatales, “para que den la cobertura informativa y en todo caso den oportunidad en condiciones de igualdad y equidad a todos los actores políticos”, de tal manera que se contribuya al desarrollo de un proceso electoral que cumpla plenamente con esos principios rectores de esa legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, que los pusimos en orden alfabético en la Constitución.
“Nosotros no seremos de ningún modo un actor más en la contienda. Los competidores son los candidatos de los partidos políticos y entre ellos la ciudadanía tendrá que optar quien sea el candidato o la opción partidista de su preferencia”, concluyó. Más claro, ni el agua.
AL GRANO
LA CONSEJERA PRESIDENTE del Consejo Local del INE, María Elena Cornejo valoró el papel del jefe del Ejecutivo, por su apertura, interés y por estar dispuesto al buen desarrollo del proceso electoral…
Fíjese que Enrique Alfaro Ramírez, candidato a gobernador de Jalisco por MC; Francisco Yunes Zorrilla, aspirante del PRI a la gubernatura de Veracruz; Martha Erika Alonso, quien busca el Ejecutivo de Puebla por el PAN, y el abanderado del PRD al gobierno de Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa, fueron los únicos en nueve entidades que tendrán elección el 1° de julio, que cubrieron los cuatro rubros que incluye el Sistema de Fiscalización del INE… ¿Y los otros?
