[Redacción]

* Se dice sorprendida la ex diputada del PRI de que el gobierno que prometió desaparecer la tenencia, desacate un decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de seguirle cobrando a los tabasqueños por ese concepto

Villahermosa, Tabasco.-  La ex diputada Lorena Beaurregard de los Santos declaró que el gobierno del estado se encuentra en un buen momento para anunciar a los tabasqueños que va a dejar de cobrar el Impuesto Estatal Vehicular (IEV), luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el decreto que crea ese gravamen no es obligatorio.

“El gobierno se encuentra en una maravillosa oportunidad de hacer realidad una promesa de campaña; el impuesto no puede aplicarse, ya lo dijo claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que se haya cobrado de manera ilegal a los contribuyentes, tendrán que devolverlo”, expresó.

La ex legisladora dijo que si las autoridades estatales deciden dejar para diciembre o enero el anuncio, la población la calificaría sin lugar a dudas como “una medida con fines electoreros, de esas que ellos tanto nos critican al PRI cuando somos gobierno”.

Beaurregard de los Santos acompañó al abogado Mario Llergo en una rueda de prensa en la que ambos anunciaron que trabajarán de manera conjunta para lograr que se acepte que el cobro de la tenencia es ilegal, y para realizar gestiones ante la Secretaría de Finanzas para que proceda a devolver el recurso que le hayan pagado los propietarios de automóviles por ese concepto.

En su declaración, la ex diputada se dijo sorprendida de la actitud del Gobierno del Estado y del Consejero Jurídico, Juan José Peralta Fócil, “de perder esta maravillosa oportunidad de cumplir ese deseo que él (Fócil) manifestó en ese tiempo siendo diputado (2010), pero sobretodo en el caso del gobernador Arturo Núñez, de honrar su palabra y de cumplir con un compromiso que él hizo ante los tabasqueños de desaparecer el impuesto vehicular”.

En cambio, criticó, están haciendo hasta el ridículo y cometiendo aberraciones jurídicas, con el fin de seguir cobrando un impuesto que es ilegal.

Por eso dijo que es muy importante que se revise con seriedad y responsabilidad este tema.

En ese sentido, expuso que el tema que hoy tiene en la encrucijada al gobierno estatal “hay que decirlo con toda claridad, no fue un error jurídico de la administración de Arturo Núñez, fue un error jurídico de la administración de Andrés Granier”.

Explicó que de acuerdo a la constitución local, es el secretario de Gobierno de aquella época y el consejero Jurídico, quienes debieron hacer toda la tramitología para la publicación de ese decreto que se publicó el 1 de mayo de 2010.

“Sin embargo, la tramitología necesaria no se cumplió. Entonces, hay que asumir el error que se cometió y el gobierno del estado tiene que resolver la desaparición ya de este impuesto vehicular, porque así lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, apuntó.

Beaurregard de los Santos advirtió que hay responsabilidad legal de parte del gobierno del estado al insistir en mantener un impuesto que de acuerdo con el resolutivo de la Corte no tiene sustento legal;  “tenemos que hablar con la verdad, y la verdad es que no hay manera que a los ciudadanos que tienen vehículo, sean obligados a pagar este impuesto”

Agregó que ella y Mario Llergo van a seguir insistiendo y “explicando, con manzanas verdes y rojas: si el decreto en su totalidad ya resolvió la Corte que es ilegal, porque carece del requerimiento legal que debió haber acompañado a este decreto, por lo tanto es ilegal el cobro del impuesto vehicular, como ilegal es el cobro de otros impuestos que también son parte de ese decreto”, mencionó.

Por último, Beaurregard de los Santos consideró que es un buen momento para que las cosas se concluyan, y que el consejero jurídico explique al gobernador la parte legal y la situación en que se encuentra este tema.

“El gobierno debe asumir con mucha seriedad este tema por las implicaciones legales que ya tiene, implicaciones que incluso pueden llegar a una solicitud en el Congreso de la Unión de un juicio político o un juicio de procedencia del gobernador, porque se está violando un resolutivo de la Corte”, advirtió.