(Por: Soraya Pérez)

Después de dos meses de haber iniciado la contingencia sanitaria por el coronavirus en nuestro país, estoy convencida que esta “nueva normalidad” a la cual regresaremos no tendrá absolutamente nada de normal; principalmente, por la incapacidad que hemos tenido para legislar un paquete integral de medidas destinadas hacia el sector salud y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En este difícil contexto, salta la duda una y otra vez, ¿los caprichos faraónicos del Presidente deben postergarse?

Con caprichos faraónicos me refiero a los tres proyectos de infraestructura insignia de este Gobierno que hasta la fecha, no han podido demostrar su viabilidad ni rentabilidad técnica, operativa, ambiental o financiera.

No podemos olvidar que cuando inició esta contingencia, el Gobierno Federal emitió un decreto con el que estableció que todas las empresas relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya debían continuar sus actividades, pese al riesgo sanitario que significaba para la mano de obra involucrada. Esto fue una señal de que a nuestras autoridades les importa más dejar elefantes blancos y monumentos a la #TransparenciaColorChapopote que salvar vidas y proteger los empleos. El presupuesto anual 2020 aprobado por los diputados para estas obras fue de 48,000 millones de pesos (mdp), pero en el informe del primer trimestre de Hacienda revelan, que de forma unilateral ya lo habían modificado a casi 75,000 millones de pesos. Cabe destacar que en el caso particular de la refinería de Dos Bocas es imposible conocer el grado de avance físico, ya que eliminaron su clave de cartera de inversión para transferirlo a un programa general de la Secretaria de Energía, ¿así o más opaco?

Pero, ¿qué significa esto en términos de recursos? Este dinero es el equivalente a haber construido 80 hospitales de primer nivel, o se hubieran podido apoyar a las millones de mipymes que han perdido sus fuentes de ingreso; recordemos que las mipymes constituyen casi el 50% del PIB y generan el 70% de los empleos de México. A guisa de ejemplo, con estos recursos, el Gobierno pudo haber facilitado el acceso al financiamiento para las empresas, como se hizo en Alemania, Estados Unidos o Canadá. O bien, se pudo haber habilitado un seguro de desempleo para quienes perdieran su trabajo a causa de la pandemia, como pasó en Chile o Colombia.

Ahora, no por el hecho de que el Gobierno no haya tomado estas medidas, significa que ya no son necesarias. Al contrario, será imposible arrancar una “nueva normalidad” sin un paquete económico integral que proteja los empleos y la economía familiar.

Como Diputada Federal y Vice Coordinadora de Infraestructura de mi grupo parlamentario, he insistido en que no es posible que cada sexenio se reinventen los grandes proyectos de infraestructura del país, urge entonces una agencia independiente que pueda identificar las grandes obras públicas que este país requiere, las priorice y revele todos los estudios de factibilidad legal, técnica y ambiental. Si la tuviéramos, estos tres caprichos no estarían en construcción.

Mi más grande anhelo es que esta “nueva normalidad” sea más bien una nueva oportunidad para que el Gobierno de México retome dos grandes premisas del quehacer público que han desatendido: la eficiencia y la transparencia. Ambas, promesas fallidas de Morena.

Columna publicada en el Diario El Economista

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