Sin Rodeos

[Por Fernando Hernández Gómez]
fdohernandezg@hotmail.com
Ley anti-bloqueos, ¿inconstitucional?
“El 31 de julio de 2019 se publicó la reforma al Código Penal para el Estado de Tabasco, relacionada con los artículos 196, 196 bis, 299, 306, 307, 308 y 308 bis. ¿Consideras que vulnera los derechos humanos? ¿Por qué?”.
Así, con un planteamiento ambiguo, sin dar detalles de lo que se trata, sin difusión –más que la publicación de un cartel en sus cuentas de redes sociales, el 4 de agosto–, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una ‘consulta pública’ muy sui géneris que la llevaría a promover una acción de inconstitucionalidad en contra de las adecuaciones que hizo la 63 Legislatura local al Código Penal, para endurecer las medidas punitivas contra quienes incurran en bloqueos a vías de comunicación con fines de extorsión.
La consulta concluirá el 20 de agosto. El titular de la CEDH, Pedro Calcáneo Argüelles, señaló que se contaba con 30 días para presentar cualquier recurso como una acción de inconstitucionalidad a partir de la publicación del decreto (31 de julio), y expuso que se escuchará a personas, voces y grupos representativos de la sociedad, y a partir de ahí, con el sustento jurídico y social que recaben, asumir una posición. (Notimex, 05Ago.2019)
La oficina del ombudsman tabasqueño informó que como parte de sus facultades, recabará la opinión de la ciudadanía sobre el tema que tanta controversia y polémica ha causado, y explicó que puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de leyes expedidas por el Legislativo local que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución estatal, en la Constitución federal o en tratados internacionales de los que México sea parte. (Telerreportaje, 06Ago.2019)
En su portal de internet, La Jornada presentó ayer la información con este título: Inicia CEDH en Tabasco consulta pública sobre ‘ley garrote’.
El PRI Tabasco también acudió a la CEDH para pedirle intervenga ante el máximo órgano jurisdiccional del país, para que declare la inconstitucionalidad de dicha reforma, por considerar que vulnera derechos ciudadanos.
El asunto tendría seriedad si el organismo defensor de los derechos humanos en nuestro estado hiciera una consulta entre especialistas del derecho e, incluso, escuchara opiniones de ciudadanos representativos, porque es evidente que lo que se busca –más con fines políticos que de querer frenar un presunto retroceso en términos de libertades– es echar atrás una reforma legal.
Empero, en la consulta de la CNDH podrán participar no sólo tabasqueños con acceso a internet, sino también personas de cualquier latitud del planeta, pues las opiniones las recibirá a través de sus cuentas Facebook, Twitter e Instagram, y de la dirección electrónica: consultapublicacedhtab@gmail.com.
Las cuestiones de leyes que deben abordarse con conocimiento de causa no pueden dejarse a la opinión de las masas, como muchos asuntos de temas técnicos que requieren opiniones de expertos, aunque se objete que más vale que se equivoquen muchos a que lo haga uno por muy sabio que sea.
No se está midiendo la popularidad de algún gobernante o actor político, ni se le está preguntando a la población su sentir sobre determinada medida o política pública: un alza de impuestos, aumento de tarifas de servicios, la reubicación de un edificio, etc., es un asunto grave que tiene que ver con dos cosas:
Una, restablecer el orden en la entidad, roto por oportunistas que encabezan seudo agrupaciones que viven de la extorsión, o por líderes de organizaciones de todo tipo que creen que alterando la ley conseguirán satisfacer exigencias; y
Dos, darle viabilidad a un estado sin crecimiento desde hace más de una década, por estar sumido en crisis recurrentes, donde los bloqueos a vías de comunicación no sólo han causado daños económicos cuantiosos, sino han ahuyentado inversiones.
Tal vez esta consulta sirva al ombudsman estatal para lavarse las manos ante la falta de argumentos para rechazar la exigencia de quienes quieren revertir un ordenamiento que no atenta contra derechos ciudadanos –que están bien protegidos por la Constitución–, pero también le hará el caldo gordo a algunos partidos y grupos que quieren causarle un río revuelto al régimen morenista.
Si la CNDH quiere saber qué daña los derechos humanos de los tabasqueños, que mejor pregunte a los ciudadanos si las autoridades deben hacerse de la vista gorda cada que se obstruya vías de comunicación, que atenta contra el libre tránsito y perjudica sus actividades cotidianas y la marcha de todo un estado.
Con el mismo criterio con que –sin consultar a nadie– la CEDH recomendó al gobierno estatal y al ayuntamiento de Centro en 2015, que mejoraran sus procesos de potabilización de agua porque se ‘violaban’ los derechos humanos de la población al no proporcionarles agua de calidad, debe definir si la reforma al Código Penal violenta derechos y, a partir de ahí, que vea si acude a la SCJN.
AL GRANO
¿CHORIZO? NI DE TOLUCA… A propósito del ‘LonganizaGate’, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió ayer: “Nos quieren medir con la misma vara. Ahora sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos a no sé cuánto dinero (16 mil pesos la pieza). Yo no como chorizos… yo soy más de la butifarra, de allá de Jalpa (Tabasco), se las recomiendo… no soy de la moronga azul. Entonces, no nos confundan”…

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