[Por Fernando Hernández Gómez]
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Estábamos peor…
En la Fiscalía General del Estado (FGE) se acaba de destapar otra cloaca. Su titular Jaime Humberto Lastra Bastar reveló que durante 2018 se omitió el registro de 13 mil 219 delitos cometidos en la entidad, cuando la cifra real fue de 58 mil 271; esto es, que uno de cada cuatro ilícitos no se reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
¿Cuál fue la razón de maquillar las cifras en la dependencia que tuvo a su cargo Fernando Valenzuela Pernas? Quizá lo que pretendió el ex fiscal general fue hacer creer allá (al poder central) y acá (a los tabasqueños) que en el combate a la incidencia delictiva se actuaba de manera eficaz; que los recursos asignados a las fuerzas de seguridad se aplicaron de manera correcta y que los resultados estaban a la vista. Nada más falso. La percepción de inseguridad, el temor que sentían los ciudadanos lo desmentían a diario.
Veamos qué ocurrió en la Fiscalía. Su titular envió ayer un oficio al secretario ejecutivo del SNSP, Franco Fabbri Vázquez, en el que hace de su conocimiento que durante 2018 se omitió el registro de 13 mil 219 delitos y que, a raíz de ello, no fueron contabilizados en las cifras de incidencia delictiva que publica ese organismo nacional.
Lastra Bastar puntualizó en su misiva que, derivado de un proceso de análisis de las series estadísticas anuales, llamó la atención “la atipicidad del comportamiento de los indicadores” en el reporte correspondiente al 2018, lo que dio pie a una investigación estadística que arrojó que el año anterior se dejaron de reportar los datos delictivos de forma exacta.
Para enmendar la página a los datos maquillados que remitió al SNSP su antecesor Fernando Valenzuela, el actual fiscal general instruyó a su área de informática y estadística que enviara la información correcta para que el organismo nacional pudiera actualizar los datos de Tabasco del año 2018.
Y es que en el reporte anual originalmente hecho llegar al Secretariado del SNSP se contabilizaban 45 mil 052 delitos, siendo la cifra correcta de incidencia total, 58 mil 271; esto es, se ocultó uno de cada cuatro delitos.
“Esta falta provocó que en el comportamiento histórico, Tabasco registrara en 2017, 60 mil 395 delitos y para 2018 bajara abruptamente a 45 mil 052. Con los datos definitivos, se puede concluir que esta tendencia a la baja no era real, sino que su rango se mantuvo cerca de los 60 mil eventos delictivos anuales como prácticamente fue durante los 10 años anteriores”.
Valenzuela Pernas quiso hacer creer que las políticas y acciones aplicadas en Tabasco para reducir la incidencia delictiva estaban dando resultados; que la tasa iba a la baja. La caída del índice delictivo reportada fue tan abrupta y bruta que no pudo engañar a su sucesor, Jaime Lastra, quien se percató que de la noche a la mañana se rompió el promedió de una década en 25 por ciento.
Ante ello, el fiscal general refrendó su compromiso de informar de forma real y transparente sobre la actuación de la FGE, para que la ciudadanía esté plenamente y verazmente informada de su actuar.
Suponemos que al maquillar las cifras, Fernando Valenzuela pretendió hacer creer que los recursos que recibió del empréstito de 700 millones de pesos ejercidos los dos últimos años del régimen pasado, se aplicaron de manera eficaz y que los resultados estaban en las estadísticas… en sus números falsos.
Lo que se palpó fue un clima de inseguridad terrible; nadie se sintió tranquilo los últimos años en la calle, en su casa, en su vehículo, en su negocio. Los números que arrojaba la encuesta de percepción de seguridad aplicada por el INEGI, lo desmintieron mes con mes, pues los habitantes de Villahermosa expresaban una sensación de inseguridad mayor al 95 por ciento, que ubicaron a la capital tabasqueña entre las cinco urbes más inseguras del país.
En fin, ya vimos que maquillaron las estadísticas. Habrá que observar ahora, con lupa, cómo ejercieron el gasto público en las instituciones de seguridad, de procuración y administración de justicia, no vaya a ser que nos vayan a querer pasar la rata por los ojos.
AL GRANO
NO HAY GOLPETEO… A raíz de un par de incidentes que se relacionaron con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) –un presunto robo en las oficinas centrales y el uso de celulares en el interior del reclusorio– se atizaron versiones de que estaban contados los días del titular, Jorge Alberto Aguirre Carbajal… Para frenar esta rumorología, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana sostuvo ayer que no hay golpeteo, ni división en el gabinete de Adán Augusto López Hernández… El responsable de la política interna aseguró que el gobernador cuenta con un equipo sólido y solidario, que trabaja unido y en armonía… Dejó claro que el mandatario es el único que puede remover a sus funcionarios… Y el gobernador manifestó que no piensa quitar al secretario de Seguridad; que Jorge Aguirre tiene su voto de confianza…