[Mario Gómez y González]
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Anomalías en la PDT
A través de una carta hecha llegar a este reportero, servidores públicos cuyo centro laboral es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT), hacen saber a la opinión pública estatal, una serie de anomalías que frenan y entorpecen la actividad que tiene a su cargo la mencionada dependencia gubernamental.
En este sentido, solicitan la pronta y efectiva intervención de Rosendo Gómez Piedra, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA), a fin de que a la mayor brevedad posible sean corregidas estas irregularidades y, por tanto, las autoridades e instancias encargadas de impartir la justicia laboral en Tabasco, puedan cumplir cabalmente con sus funciones.
Denunciaron empleados de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT) que, ante la escasez de personal, tienen sobre carga laboral, pero que ello no se ve reflejado en los sueldos que se perciben, ya que las remuneraciones son bajas.
De la misma manera, señalan que el titular de la dependencia, licenciado Gerónimo Hernández, hasta el momento carece de ratificación oficial en su cargo, por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA), a cuyo frente fue designado recientemente, Rosendo Gómez Piedra.
Los empleados que pidieron el anonimato por temor a represalias, denunciaron que desde el año pasado (2018), prácticamente están detenidas las actividades en el Tribunal y con ello los procesos laborales interpuestos por trabajadores afectados.
Dichos procesos, en la mayoría de los casos, corresponden a personas que fueron despedidos injustificadamente de diferentes dependencias gubernamentales y ayuntamientos, por lo que la impartición de justicia pronta y expedita, no puede ser aplicada de acuerdo a las leyes laborales vigentes.
Ejemplificaron lo anterior, destacando que, precisamente, desde el pasado mes de noviembre del 2018, que ingresaron nuevas demandas, estas carecen de número de expediente, debido a que el tribunal no ha generado dicho trámite, por lo que se hace imperativo y urgente, sea corregida esta anomalía y la dependencia pueda cumplir con sus obligaciones institucionales.
Esta misiva se da en el contexto de la agenda política de la entidad, cuando, de manera paralela, El Tribunal de Conciliación y Arbitraje planteó proceder contra jurídicos de entes públicos que pudieron haberse dejado ganar juicios laborales, que recayeron en laudos.
Rosendo Gómez Piedra, manifestó que van a revisar junto al magistrado representante de las entidades públicas, si existieron casos de negligencia u omisiones evidentes, para reportarlo a la Secretaría de la Función Pública del Estado, y sea ésta la que se encargue de llevar la investigación.
Precisó que la mayoría de estos casos, en los que se sospecha hubo confabulaciones para permitir laudos condenatorios, han sido en Ayuntamientos, consideró el titular del TCYA, al ser entrevistado por los medios de información local
“Quiero decirles que la mayoría de los asuntos se han perdido porque no contestan las entidades, no ofrecen pruebas, no ofrecen las idóneas, o no las desahogan, entonces esos son los problemas principales por los cuales al final se emite un laudo condenatorio. Pero la mayoría son municipios; la omisión y la negligencia también han sido consideradas como corrupción; en algunos tal vez existan maquinaciones; no me atrevo a decirlo, lo que probablemente tengamos que hacer es que si el magistrado de la entidad pública me lo pide y observemos que es tan evidente las cuestiones de ese tipo, daremos cuenta a las autoridades correspondientes”, expresó el funcionario.

Y Para Usted TambiénLuego de que las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos hicieran recomendaciones relacionadas con el homicidio de Jesús Eugenio Ramos Rodríguez (chuchín Ramos), ocurrido la mañana del 9 de febrero pasado en la ciudad de Emiliano Zapata, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las recibió y atendióPuntualizaron que desde el día que ocurrió el asesinato del comunicador, la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y la Dirección de Protección y Asistencia a Intervinientes en el Procedimiento Penal y Personas en Riesgo Profesional dispusieron de personal suficiente con el fin de dar garantías legales a los familiares de la víctima en el desarrollo de las investigaciones y apoyo psicológicoAdemás indicaron que fueron giradas las acciones correspondientes para dotar de las medidas cautelares a los familiares de la víctima, para así salvaguardar su vida e integridad personalLa FGE señaló que ya se inició una carpeta de investigación que inicialmente fue radicada en Emiliano Zapata, posteriormente fue llevada a la Vicefiscalía de Alto Impacto**hasta mañana Dios mediante.