[Marcos Martínez]

La legisladora federal del PRI, Ana Georgina Zapata, afirmo que la Reforma de Justicia Laboral amplia oportunidades y acota desigualdades

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal para que al servidor público que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado, sea inhabilitado para obtener otro empleo por un periodo de hasta 20 años.

Y es que también, cuando el miembro de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, si pertenece a las Fuerzas Armadas en situación de retiro, reserva o en activo, serán inhabilitados para desempeñar cargo o comisión públicos por un periodo de hasta 20 años.

Por lo que en ambos casos se aplicarán además las penas establecidas.

Asimismo, el documento surge de sendas iniciativas que la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (PRI) presentó en el mes de octubre de 2016, para modificar el segundo párrafo del artículo 150 y el segundo párrafo del artículo 164, del Código Penal Federal.

De igual forma, fue aprobado por unanimidad, con 406 votos a favor, y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

La Comisión de Justicia, que elaboró el dictamen, sostuvo que este documento tiende a fortalecer el Código Penal Federal y que en el caso de los servidores públicos, las sanciones que se establezcan deben ser ejemplares, con el fin de que sirvan como forma de prevención.

“La sanción debe ser porque derivado de su calidad de servidores públicos tienen acceso a instalaciones, sistemas, documentos, etcétera, que facilita la comisión de un delito, por lo que se encuentra en ventaja si se compara con una persona que no tenga ese carácter”, añadió.

El segundo párrafo del artículo 150 queda de la siguiente manera: Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará !a pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y “se le inhabilitará para obtener otro por un periodo que podrá ser hasta de veinte años”.

Mientras que el segundo párrafo del artículo 164 establece: Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación “por un periodo que podrá ser hasta de veinte años”, para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará “por un periodo que podrá ser hasta de veinte años”, para desempeñar cargo o comisión públicos.

En voz de su diputada, Ana Georgina Zapata, el Grupo Parlamentario del PRI en el recinto Legislativo de San Lázaro, se congratuló por la Declaratoria de reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, con la cual se dará certeza jurídica a los trabajadores y a los empresarios.

A partir de diversas reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, como ésta, dijo, hoy se amplían oportunidades y se acotan desigualdades en la materia.

La legisladora federal por el estado de Chihuahua aseguró que con la Declaratoria de Reforma Constitucional que hoy se consolidó, los trabajadores tendrán la garantía de acceder a una justicia pronta, que les proteja y dote de certeza jurídica.

La diputada Georgina Zapata aseguró que con la entrada en vigor de la reforma laboral se superará la obsolescencia, complejidad e ineficacia que caracterizaba a la justicia en la relación obrero-patronal.