[Redacción]

La presienta de la Junta de Gobierno, afirmo: “La regulación de este tipo de empresas ha sido razonada, responsable y sin distingos, ni favoritismos porque ese es el compromiso con el que hemos caminado en esta Legislatura y este tema no es la excepción, ahora solo falta la sesión plenaria para que Yucatán cuente con una Ley de vanguardia. Le damos la bienvenida a la modernidad”

Mérida, Yucatán.- Integrantes del Congreso del Estado aprobaron por mayoría el dictamen para modificar la Ley de Transporte del Estado que regulará el servicio prestado vía plataformas tecnológicas digitales, con lo que se avanza para que puedan operar dentro del marco legal en Yucatán.

Ante la presencia de representantes de la empresa Uber en las instalaciones del Legislativo, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura para analizar las propuestas en torno al tema y entre las que figuran las presentadas por el Poder Ejecutivo, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena.

“La regulación de este tipo de empresas ha sido razonada, responsable y sin distingos, ni favoritismos porque ese es el compromiso con el que hemos caminado en esta Legislatura y este tema no es la excepción, ahora solo falta la sesión plenaria para que Yucatán cuente con una Ley de vanguardia. Le damos la bienvenida a la modernidad”, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez.

La presidenta del Congreso Estatal enfatizó que no se busca prohibir, ni desincentivar esta nueva modalidad de transporte, sino de establecer las bases y requisitos sobre los cuales se va a prestar este servicio, así como tener un registro de todos los operadores del mismo, como sucede en otras partes del mundo.

“Que quede claro, la iniciativa por la que se modifica la Ley de Transporte del Estado, es de tipo eminentemente administrativo y no contempla impuesto alguno”, subrayó.

Esta regulación, abundó, tiene por objeto evitar que sean unos cuantos los que adquieran los vehículos y terminen contratando gente para que los operen, con lo que se cumple el fin con el que nacieron este tipo de servicios, que los dueños tengan una nueva opción para percibir ingresos en sus ratos libres sin que se den relaciones de subordinación entre particulares.

En el dictamen aprobado existen coincidencias entre la iniciativa del poder Ejecutivo y la del PAN, caso de la regulación del servicio a través de una Ley para garantizar la rectoría del Estado en esta materia con el objeto de brindarle seguridad y certeza al usuario.

Entre estas coincidencias destaca también el hecho de que la única forma de pago aceptada será la que se haga mediante tarjeta de débito o crédito, en el sentido expreso de que no se deberá realizar el pago en efectivo.

También existen coincidencias en que los operadores de esta nueva modalidad de transporte, no podrán realizar sitio, ni oferta directa en la vía pública o en bases.

Para poder operar en Yucatán las empresas de redes de transporte deberán contar con una constancia expedida por el titular del poder Ejecutivo del Estado misma que tendrá una vigencia de 10 años.

Otro punto incluido en el dictamen es que los operadores de este tipo de unidades deberán estar registrados ante una empresa de redes de transporte y deberán ser propietarios del vehículo mediante el cual se prestará el servicio.

De igual manera, que el valor del vehículo sea mayor a las dos mil setecientas cincuenta unidades de medida de actualización, lo que equivale a aproximadamente 201 mil pesos, y que el año de modelo o de fabricación o ejercicio automotriz no sea anterior a siete años.

En la sesión encabezada por el diputado Enrique Febles Bauzá (PVEM), se informó que el PRD y el PRI realizaron diversas propuestas para clarificar el contenido de la iniciativa original del Ejecutivo del Estado.

En el caso del Revolucionario Institucional destaca el hecho de que en el supuesto caso de que el seguro vehicular de los vehículos destinados al transporte de pasajeros no se encuentre vigente, las empresas de redes serán consideradas como obligados solidarios de los operadores del servicio de transporte. Es decir, se busca la seguridad del pasajero, que en este caso se le otorgará por partida doble.

Cabe señalar que esta misma propuesta también estaba contemplada de una forma parecida en la iniciativa del Partido Acción Nacional, por lo que existió coincidencia entre ellas.

Asimismo, el Revolucionario Institucional propuso se elimine el requisito para obtener la constancia de la empresa de redes, consistente en el documento que acredite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la titularidad de la plataforma tecnológica por no considerarlo necesario.

Por otra parte, también propuso que el nombre concreto de las empresas interesadas en prestar esta nueva modalidad sea considerada como una empresa de redes de transporte basándose en el desarrollo de las tecnologías de los teléfonos inteligentes y los sistemas de posicionamiento global que operen en el estado ya sea directamente o a través de una filial subsidiaria o empresas relacionadas, entre otros.

Por lo que se refiere al PRD se tomó en consideración el hecho de haber propuesto la reducción del monto del valor del vehículo que inicialmente en la iniciativa del Ejecutivo era de tres mil trescientas unidades de medida.

Finalmente, quedó en dos mil setecientas cincuenta unidades de medida, así como que el plazo de fabricación no sea anterior a siete años. La iniciativa original contemplaba cinco años.

Los diputados Manuel Armando Díaz Suárez (PAN), secretario de la Comisión, Ramiro Moisés Rodríguez Briceño (PAN) y Jazmín Yaneli Villanueva Moo (Morena), vocales, así como María Beatriz Zavala Peniche (PAN) y José Elías Lixa Abimerhi (PAN) solicitaron sea postergada la votación del Dictamen este día.

En tal virtud, Enrique Guillermo Febles Bauzá (PVEM), presidente, sometió a consideración la citada solicitud y esta fue desechada por mayoría de votos, por lo que se dio continuidad al proceso parlamentario.

Por su parte, Marco Alonso Vela Reyes (PRI), secretario, David Abelardo Barrera Zavala (PRD) y Marbellino Ángel Burgos Narváez (PANAL) coincidieron en que a lo largo de las sesiones para el análisis de las modificaciones a la ley, se escucharon las propuestas realizadas por los diputados, además de que en el proyecto de Dictamen se garantizó la seguridad para usuarios y ciudadanos, lo cual se hace posible por medio de un padrón que realizará el Gobierno del Estado.

Tras la aprobación del dictamen, se mencionó que en la próxima sesión será sometido a votación de los 25 diputados que integran la LXI Legislatura.