Combate a la corrupción, prioridad del Gobierno de Tabasco: Lucina Tamayo

Contraloria comparece congreso[Antonio Rivera]

Afirmo que la adquisición, arrendamiento y/o contratación de obra pública, bienes o servicios relacionados con el gobierno estatal está totalmente apegada a la normatividad, y se efectúa mediante procedimientos transparentes

Villahermosa, Tabasco.- La titular de la Secretaría de Contraloría (Secotab), Lucina Tamayo Barrios, afirmó que en Tabasco el fortalecimiento de los mecanismos de control del gasto público se asume como una prioridad que permite avanzar hacia la consolidación de una administración sustentada en principios de eficacia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Y es que al comparecer ante el pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la funcionaria estatal, afirmo que la adquisición, arrendamiento y/o contratación de obra pública, bienes o servicios relacionados con el gobierno estatal está totalmente apegada a la normatividad, y se efectúa mediante procedimientos transparentes.

Ante diputados de diferentes fracciones parlamentarias e independientes, mencionó que como parte de las medidas de control interno y estricta vigilancia de los bienes entregados por parte de proveedores, se llevaron a cabo supervisiones aleatorias, entre las que sobresalen la verificación de 280 mil 340 paquetes de útiles escolares, 150 mil licencias de conducir, 2 mil tabletas, casi 99 mil libros de texto gratuitos en nivel medio superior, y equipo para seguridad pública.

“Con ello contribuimos al logro de los objetivos institucionales en materia de adquisiciones, y se garantizó que los bienes cumplieran con las cantidades y especificaciones, así como en los tiempos y formas establecidas en el proceso de licitación, y las estipuladas en los pedidos o contratos respectivos”, acentuó.  

Dejo en claro que para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos, en 2015 se auditaron a 69 de las 75 dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que conforman el Poder Ejecutivo del Estado, esto es, alrededor del 92 por ciento, lo que implicó un monto fiscalizado de 9 mil 812 millones de pesos.

Tamayo Barrios informó que a la fecha, de las 25 denuncias penales presentadas por irregularidades cometidas por funcionarios de la pasada administración, 20 se encuentran en etapa de investigación en la Fiscalía General del Estado, mientras que la Secotab colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) en la causa penal seguida ante las autoridades federales correspondientes.

Aseguró que en la dependencia se encuentran en trámite 1 mil 732 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que, precisó, 1 mil 34 se iniciaron en el sexenio 2007-2012 por denuncias realizadas por diversos entes fiscalizadores como son la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) y la propia Secotab.

Estamos trabajando de manera responsable para dar continuidad a estos procedimientos, radicarlos de forma pronta e incluso notificarlos a través de edictos, a fin de cumplir la norma y evitar que prescriban, advirtió.

Desde la máxima tribuna popular, la secretaria de Contraloría presentó un informe del estado que guardan los asuntos de la esfera de competencia de la institución a su cargo, y dio a conocer que en materia de contraloría social este año se conformaron 173 comités que involucran la participación de la ciudadanía en acciones de control y vigilancia en el ejercicio del gasto público.

Manifestó que durante el mes de mayo, 5 mil 600 servidores públicos, desde jefes de Departamento hasta funcionarios de primer nivel, estuvieron obligados a presentar su declaración de modificación de situación patrimonial, y de ese número, 532 incumplieron con el mandato de ley.

Por ultimo agregó que la Secotab inició acciones de investigación para esclarecer la situación de los funcionarios que no rindieron su declaración o lo hicieron de forma extemporánea. A la fecha, se encuentran abiertos 430 expedientes de procedimiento administrativo por omitir la manifestación de bienes.

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