[Eduardo Vidal]

El titular de la Contraloría General del Estado (CGE) confirmó que hubo denuncias, derivadas de la minuta del 27 de febrero de 2014, en la que se imputaba incumplimiento a Veracruz

Xalapa, Veracruz.- Los procesos abiertos y sanciones a funcionarios y ex funcionarios públicos de Veracruz, la situación del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el caso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, las bodegas en Acayucan con medicinas que se dejaron caducar y el destino de las aportaciones a la Universidad Veracruzana (UV), fueron algunos de los temas abordados por el contralor general del estado, Ricardo García Guzmán, en la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Y es que al comparecer en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, ante los miembros de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Mariela Tovar Lorenzo, presidenta; Julen Rementería del Puerto, secretario, y Adolfo Jesús Ramírez Arana, vocal, el funcionario dio respuesta a 18 turnos de preguntas, en tres rondas, con la participación de diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Veracruz.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marcela Aguilera Landeta preguntó por las 14 denuncias que inició la Procuraduría General de la República (PGR), con base en resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que están en poder de la Fiscalía General del Estado (FGE), y sobre la responsabilidad y sanciones administrativas en contra de servidores o exservidores públicos.

El titular de la Contraloría General del Estado (CGE) confirmó que hubo denuncias, derivadas de la minuta del 27 de febrero de 2014, en la que se imputaba incumplimiento a Veracruz. El documento estipuló la conclusión del análisis y que la institución a su cargo determinaría las sanciones. Por ello estaba el registro del gasto ejercido, pero nadie lo presentó a la ASF, y se dijo mediáticamente que “algunos servidores públicos le fallaron a Veracruz”, porque no cumplieron los procesos administrativos.

A quienes omitieron información a la ASF se les inició un procedimiento administrativo y se les inhabilitó para ejercer el servicio público, además de sanciones económicas. Aún existen 65 procesos abiertos en contra de servidores o ex servidores públicos.

Situación del IPE

En nombre del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Julen Rementería del Puerto cuestionó al Contralor sobre el monto y estado del Fideicomiso de la Reserva Técnica del IPE, por qué dejó de hacer préstamos a jubilados y pensionados, y la situación de la Estancia Garnica, así como sobre la falta de cobertura de seguro para automóviles del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado (IPAX).

García Guzmán respondió que el fideicomiso está en el banco Banorte, con una reserva de 2 mil 100 millones de pesos, que el IPE dejó de prestar a pensionados y jubilados, posiblemente, por haberse terminado la reserva del fondo revolvente y que la Estancia Garnica la tiene en comodato la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), para la aplicación de la operación coordinada Veracruz Seguro. También, que personal de la CGE pidió al titular del IPAX retirar la circular relacionada con la falta de seguros y le dio un plazo para solventar esa irregularidad.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Mónica Robles Barajas pidió conocer el estatus legal de las denuncias por presunto daño patrimonial derivadas de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, y el avance, las recomendaciones y el presupuesto ejercido por las unidades de género en las distintas dependencias.

El funcionario dijo que para enero habrá una resolución, respecto de las denuncias del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, en mayo reiniciaron las pláticas para concluir la obra en 2016, y que hay cuatro indiciados entre los 65 procesos que mantiene abiertos la Contraloría. En materia de igualdad de género se ha avanzado para cumplir, aunque no se abarca al cien por ciento en todas las dependencias.

La legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal) Jaqueline García Hernández pidió saber si la ASF “trae entre ojos” al estado de Veracruz, y el Contralor coincidió en ello, aunque aclaró que se mantiene una relación excelente con la dependencia federal y durante meses se ha acudido dos o tres veces por semana para manejar los mismos términos, porque se hacían algunas imputaciones a la entidad y la situación era otra, por lo que se ha trabajado mucho para cambiar esa óptica.

Explicó que los funcionarios veracruzanos de las diferentes dependencias y sus áreas administrativas se involucran en la solventación de observaciones de la ASF, y de manera coordinada se firmó 160 minutas que derivaron en citatorios. En Veracruz no se oculta información, hay cambios y se responde en los mejores términos, aclaró.

Bodegas con medicamentos

A la diputada del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (PRD-MC) Ana María Condado Escamilla, le explicó que en el caso de las bodegas de Acayucan donde se dejó caducar medicamentos, iniciaron procedimientos disciplinario-administrativos y penalizaron a dos personas. Certifican que no existan instalaciones similares, y en cambio, haya mayor transparencia en las licitaciones y compras consolidadas de la Secretaría de Salud (SS).

Respecto del presupuesto de la UV, agregó que se conforma por un subsidio estatal que equivale a 52 por ciento y el federal que lo complementa, y en todo caso existe la instrucción del Gobernador para otorgar lo correspondiente a la casa de estudios.

El diputado Francisco Garrido Sánchez, del partido Alternativa Veracruzana (AVE), preguntó sobre la solventación de la Cuenta Pública 2013 ante la ASF y si existen funcionarios o exfuncionarios que se hayan enriquecido en Veracruz.

De acuerdo con García Guzmán, se informó de 44 auditorías a Veracruz y de 38 mil millones de pesos se observaron 11 mil millones, de los que 5 mil 300 millones se solventaron, y 5 mil 800 están en proceso. Se espera avanzar este año con otros 2 mil 200 millones, y el resto son reintegros que el estado debe cumplir con la Tesorería de la Federación.

Explicó que la Contraloría ha dado seguimiento incluso a denuncias periodísticas contra funcionarios y exfuncionarios que se habrían enriquecido ilícitamente, y además de revisar su evolución patrimonial ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Público de la Propiedad; en caso de encontrar algo, se mantendrá la reserva hasta confirmarlo y aplicar la ley.

La diputada María Belén Fernández del Puerto, del PRI, cuestionó la función y resultados de los Comités de Contraloría Social y Ciudadana, a lo que el Contralor aseguró que sí han operado, se les da mucho seguimiento y su importancia radica en que involucran a los ciudadanos en la vigilancia, inspección y supervisión de obras y acciones de gobierno.

Manifestó que los veracruzanos hablan mucho de corrupción, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) –autoridad en materia de medición– no presenta a Veracruz en la lista de las diez entidades federativas con mayores índices de corrupción, sino en el sitio 17, que es una situación a superar lo más rápido posible.

Sobre los comités de Contraloría Ciudadana “Adelante” y los Comités de Contraloría Social, que supervisan, vigilan y dan seguimiento a obras y acciones ejecutadas con recursos estatales o federales, dijo que se integraron 8 mil 561 comités, con 37 mil 559 ciudadanos, de los que 20 mil 497 son mujeres y 17 mil, hombres.

En respuesta al diputado del PAN Jorge Vera Hernández, García Guzmán dijo que las cifras del Quinto Informe de Gobierno son verdaderas y se realizaron 38 mil 207 contrataciones, y admitió la existencia de dos cifras distintas el anexo estadístico y el texto amplio. Ambos reportes son reales, pero la información corresponde a distintas fechas de corte.

El diputado Jesús Vázquez González, del PVEM, cuestionó lo hecho para garantizar la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a lo que el Contralor dijo que hay nuevos sistemas nacionales y reglas que delinearán las políticas públicas, para que todas instrucciones, observaciones, lineamientos y normatividad se apliquen.

A Juan René Chiunti Hernández, legislador del Panal, le informó que se adaptó los trabajos de la CGE a los nuevos sistemas de fiscalización y modificaron las estructuras orgánicas, como la fusión de tres direcciones similares en una sola. Se creó la Comisión General de Fondos Federales, todas las dependencias de Veracruz tienen códigos de ética y conducta, y ya se prepara la entrega-recepción de la administración estatal en las áreas presupuestal y programática.

García Guzmán atendió también la segunda intervención del diputado Francisco Garrido, en relación con la entrega de la Cuenta Pública 2015, y expresó que la CGE trabaja con la ASF y el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), para revisar mensualmente los avances y corregir lo acontecido en años anteriores y otras inconsistencias.

La diputada del PRI, Gladys Merlín Castro, se refirió a las quejas de padres de familia por uso indebido de recursos y anomalías en el interior del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Salud (Cendi-Sesver) y a los avances de la administración estatal en materia de transparencia.

El Contralor dio a conocer que se removió a la Directora y existe una averiguación abierta para el resto de las acusaciones. Además, se trabaja en tecnologías que permitan utilizar datos para empoderar al ciudadano, pues Veracruz tiene un gobierno abierto que pone a la vista de todos 22 conjuntos de datos en materia de protección civil, medio ambiente y seguridad pública.

El diputado Carlos Ernesto Hernández Hernández, del PRI, preguntó cómo impactará el Sistema Nacional Anticorrupción en Veracruz, y si la Contraloría puede intervenir en el caso de los municipios que no planean sus recursos para pagar aguinaldos a sus trabajadores.

El funcionario admitió que Veracruz tenía un rezago, porque no atendía oportunamente las observaciones de la federación, pero con las nuevas reglas, el compromiso es que en 2015 y 2016 la entidad ocupe el lugar que le corresponde en materia de fiscalización.

Respecto de los ayuntamientos, la dependencia es respetuosa de la autonomía municipal y los cabildos son responsables de su manejo financiero, aunque les recomendó sumarse al gobierno abierto.

Túnel sumergido

Ante las preguntas del diputado del PAN Domingo Bahena Corbalá, el Contralor admitió que en 2013 el Gobierno del Estado fue el más observado, y que la revisión del ejercicio 2014 continúa y se sigue desahogando requerimientos. También, que las denuncias que interpuso el Secretario de Infraestructura y Obras Publicas por irregularidades en la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos están en la FGE y existe el compromiso de terminarla este año.

Sobre las denuncias de la ASF, la FGE determinó la no acción penal, pero García Guzmán advirtió que de tener información certificada o documentada sobre cualquier servidor público –aunque se diga que los expedientes están cerrados– procederá con todo el rigor de ley, “porque no vine de defender ni brindar protección a nadie”.

Dijo al Diputado que sobre el bono de 100 mil pesos entregado en diciembre pasado a cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud, fueron citados, pero no se ha resuelto el caso, y agregó que durante sus ocho meses de trabajo como Contralor del Estado, reformó la dependencia a su cargo, se ocupó de atender y solventar las observaciones de la ASF, y se da seguimiento a 65 procedimientos administrativos.

Al diputado del PAN Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, le confirmó que no hay motivo para sancionar al Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (SIOP), por promover su imagen en redes sociales: “Se revisó la ley, no hay nada irregular. Mientras siga cumpliendo con su trabajo, horario y se desenvuelva con responsabilidad, en sus ratos libres podrá utilizar esos medios, pues se certificó que no se utilizaron recursos públicos”.

Bitácora Electrónica

Habló sobre la bitácora electrónica, herramienta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) puso al servicio de los estados, y su manejo obligatorio por quienes supervisan las obras.

En otra intervención del diputado Julen Rementería, se dio a conocer que el IPAX contrató al despacho Rosales y González Legal Services para defenderse ante un requerimiento del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el monto que cobraría, de ganar el caso, es de un millón 600 mil pesos.

El diputado José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, del PRI, preguntó sobre los despachos externos en los que se apoya la Contraloría y si habrá un informe sobre los “aviadores” en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

García Guzmán dijo que en 2014 se contrató 43 despachos, a los que se pagó 14 millones de pesos, y que en el caso de los “aviadores”, la información surgirá de manera paulatina, conforme concluyan los procesos disciplinarios.