Reforma constitucional al Poder Judicial con enfoque en derechos humanos: Arturo Núñez

ANJ Derechos humanos

[Eugenia Rodríguez]

Núñez Jiménez dijo que esta tarea involucrará el esfuerzo de todas las autoridades en lo general y de los jueces federales y locales en lo particular

Villahermosa, Tabasco.- El gobernador Arturo Núñez Jiménez adelantó una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de Tabasco basada en la nueva forma de concebir los derechos humanos y su protección, que busca además incrementar la calidad profesional y asegurar la honestidad en la prestación del servicio público de administración de justicia.

Y es que al inaugurar el Cuadragésimo Segundo Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el mandatario estatal indicó que la iniciativa, que desde el Poder Ejecutivo se trabaja de manera conjunta con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fortalecerá el control del poder del Estado Democrático de Derecho mediante la configuración de la garantía judicial de la supremacía constitucional.

Acompañado de los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y de la FMOPDH, Juan José Ríos Estavillo, Núñez Jiménez dijo que esta tarea involucrará el esfuerzo de todas las autoridades en lo general y de los jueces federales y locales en lo particular, e incidirá en el mejoramiento de la administración de la justicia ordinaria a cargo del Poder Judicial y reforzará de manera sustancial sus funciones y atribuciones.

Precisó que con este instrumento se construirá el complemento de la reforma que en materia de derechos humanos logró Tabasco en 2013, a través de la postulación de las garantías jurisdiccionales y políticas que permiten hacer valer la supremacía de la Constitución del Estado, donde se establecen derechos fundamentales y la división de poderes, introduciendo a la vez cambios orientados a mejorar la administración de justicia para hacer prevalecer las leyes en los conflictos entre particulares.

En el auditorio del Campus Bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), sede del foro que congrega a titulares de los organismos de derechos humanos de las 32 entidades del país, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González destacó que aunque en México la armonización normativa representa una asignatura pendiente, Tabasco ya llevó a cabo una reforma constitucional local que incorporó a su Carta Magna un catálogo amplio de derechos fundamentales.

El ombudsman nacional llamó a quienes tienen pendiente este reto a acelerar la adecuación normativa, pero logrando, indicó, que lo previsto por las normas internacionales se considere en los ordenamientos jurídicos internos, tanto federales como estatales y municipales, y que lo previsto a nivel estatal y municipal sea acorde con la normativa federal.

A cuatro años de la reforma constitucional lograda en México en esta materia, la de 2011, apuntó que “no es posible que aún subsistan normas que sean contrarias a este tema fundamental, o que obstaculicen o condicionen injustificadamente la vigencia plena de los mismos”, y advirtió que la omisión, indiferencia y falta de respuesta en que, en ocasiones, pueden incurrir algunas autoridades, ha propiciado el alejamiento y desconfianza de la sociedad en las instituciones.

TABASCO, A LA VANGUARDIA

En ese sentido, el gobernador Núñez reafirmó que su régimen parte del reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos, porque representa una garantía esencial desde el punto de vista de la equidad y la justicia social, de allí que el amplio catálogo introducido en la Constitución local honre el término humano que caracteriza su ejercicio, sin soslayar los referidos a los menores extranjeros no acompañados, en cuya tutela, recalcó, el Sistema DIF de la entidad efectúa una labor fundamental.

Aseveró que Tabasco es una entidad que ha buscado colocarse a la vanguardia, previendo incluso el surgimiento de nuevos derechos, como el de acceso a las nuevas tecnologías de la información, y enfatizó que aquí la primacía de los derechos humanos, el imperio de la ley, la construcción de ciudadanía, la participación de la sociedad civil organizada, el combate al delito y una adecuada impartición de justicia, son elementos que se asumen y son impulsados de forma integral.

Frente a los actores fundamentales en el gran empeño civilizatorio que significa la vigencia plena de los derechos humanos, el gobernador refrendó que los tabasqueños, más allá de las diferencias legítimas propias del pluralismo, “estamos empeñados en consolidar un Estado de Derecho y en edificar un país de leyes”.

El titular de la FMOPDH, Juan José Ríos, expresó que si en México pretendemos que la democracia se convierta en un instrumento efectivo para la construcción de una sociedad más justa y que tome en serio la ley, es necesario radicalizar la lucha por la legalidad y democratizar los sistemas de justicia para empujarlos a que cumplan su función de gobierno o su función de Estado.

El alcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, resaltó los alcances del foro, porque permite normar criterios que privan en este ámbito, mientras que Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dijo que en el espacio de reflexión que concluirá este viernes, se revisarán cuatro reclamos permanentes de la sociedad, relacionados con los derechos a la seguridad, la salud, una educación de calidad y un desarrollo sustentable.

En la apertura de la primera de dos jornadas de trabajo, la Federación Mexicana de Organismos Públicos entregó a la CNDH un reconocimiento por sus 25 años de labor. Atestiguaron los presidentes del TSJ, Jorge Javier Priego Solís; y de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Neyda Beatriz García Martínez; el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, y el fiscal Fernando Valenzuela Pernas.

También acudieron María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) de la Secretaría de Gobernación, y Leticia Bonifaz Alfonso, directora de Estudios de Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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