[Eduardo Vidal]

* Autoriza el Congreso al Ayuntamiento de Boca del Río, desincorporarse del organismo metropolitano que presta los servicios

Xalapa, Veracruz.- La LXIII Legislatura del estado autorizó a los municipios de Medellín de Bravo y Veracruz realizar, a través del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), la licitación para seleccionar a un socio inversionista operador, seguir un programa de inversión a largo plazo y conformar una empresa mixta de participación público-privada.

Y es que de acuerdo con el Título de Concesión, por un plazo de 30 años, la empresa no tendrá derecho real alguno respecto de los bienes de dominio público relacionados con la prestación de los servicios, que sólo podrá usar, aprovechar y explotar bajo las condiciones establecidas.

El municipio de Boca del Río, el tercero integrado al organismo metropolitano, se desincorporará, para establecer por su parte una sociedad mercantil, de acuerdo con el Programa nacional de Modernización de Organismos Operadores de Agua.

Tras un debate que se prolongó por más de una hora, este primer Dictamen obtuvo 31 votos a favor, cuatro en abstención (dos del PAN, uno del PRI y uno del PVEM) y nueve en contra (cuatro del PAN, dos del PRD y uno del PRI, MC y PT, respectivamente).

El diputado del Partido Acción Nacional Julen Rementería del Puerto se pronunció contra esta autorización, por considerar que no se convocó para analizar el asunto y sólo se celebró una reunión.

Mientras que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Tonatiuh Pola Estrada y Raúl Zarrabal Ferat coincidieron en que se llevaron a cabo las reuniones respectivas para analizar el dictamen y su voto fue a favor.

Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Cuauhtémoc Pola Estrada, del Grupo Parlamentario de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (PRD-MC), se dijo en contra, al considerar las causas de las condiciones financieras en que se encuentra el SAS.

En su oportunidad, el diputado priista Ricardo Ahued Bardahuil se manifestó en contra y refirió su experiencia como alcalde de Xalapa, pues la mayoría de los convenios entre sectores del Estado mexicano e industrias privadas carecen de orden.

Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), manifestó su desacuerdo y se pronunció en contra de las medidas que acentúen la pobreza, que permitan el alza a las tarifas y la monopolización de los servicios, y consideró que la asociación público-privada retrasará la aplicación de nuevas tecnologías.

También, el Pleno también autorizó la desincorporación de Boca del Río del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, para que firme el convenio respectivo con los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo.

Se argumentó que durante el proceso de transición –con plazo máximo de 18 meses–, se garantizará y coordinará la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.

El Dictamen se aprobó con 29 votos a favor, nueve en contra (cuatro del PAN, dos del PRD y uno del PRI, del MC y del PT, respectivamente) y seis abstenciones (tres del PRI, dos del PAN y una del PVEM).

De igual forma, se autorizó a Boca del Río realizar las gestiones y trámites para constituir una sociedad mercantil en la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión de capital (empresa mixta), de acuerdo con los lineamientos del Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua, que impulsa la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se contempla abastecer de agua potable y operar la red de alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como –de ser necesario–, constituir una entidad paramunicipal que preste los servicios.

Sobre este dictamen, aprobado con 31 votos a favor, ocho en contra (cuatro del PAN y uno del PRI, PRD, MC y PT) y cinco abstenciones (dos del PRI, dos del PAN y una del PVEM), Rementería del Puerto advirtió falta de claridad en la solicitud del Ayuntamiento.

Por último, en contra, el diputado Robles Guadarrama se pronunció por un análisis más profundo y el derecho a mayor participación de todos los legisladores en asuntos de esta naturaleza, incluso de quienes no pertenecen a las comisiones respectivas.