(Redacción)

Aprobaron por unanimidad un dictamen para establecer que sean imprescriptibles, es decir, que no pierda vigencia o validez, los delitos sexuales, de corrupción, de trata y pornografía infantil contra una persona menor de edad, para proteger a este sector vulnerable de agresiones que atentan en contra del desarrollo de la personalidad, la libertad y el desarrollo psicosexual, al adicionar el artículo 121 Bis del Código Penal del Estado

Mérida Yucatán, a 23 de julio de 2021.- La LXII Legislatura celebró su Segundo Periodo Extraordinario, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional, en el cual avalaron medidas para proteger a los menores de edad de delitos sexuales, elevar penas en materia de feminicidio y para quien cause lesiones a alguna mujer por razón de género.

La Sesión Extraordinaria inició con un llamado del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández (PRI), a nombre de los integrantes de la LXII Legislatura, para que las autoridades cuenten con todas las herramientas y toda la capacidad para poder dar con los responsables de la agresión artera y asesinato de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la mañana de este viernes.

De la misma manera, el diputado manifestó su solidaridad con la familia del elemento atacado y con toda la Corporación, porque cuando se atenta contra un ciudadano es muy grave, pero cuando la víctima es una persona encargada de velar por la seguridad de los yucatecos es doblemente grave.

“En Yucatán, no hay valor más importante entendido por todos los ciudadanos que nuestra seguridad, y para eso no hay colores, no hay partidos, no hay ideologías, hay un solo Yucatán”, enfatizó.

Continuando con el orden del día, el Pleno de las y los diputados aprobaron por unanimidad un dictamen para establecer que sean imprescriptibles, es decir, que no pierda vigencia o validez, los delitos sexuales, de corrupción, de trata y pornografía infantil contra una persona menor de edad, para proteger a este sector vulnerable de agresiones que atentan en contra del desarrollo de la personalidad, la libertad y el desarrollo psicosexual, al adicionar el artículo 121 Bis del Código Penal del Estado.

El promovente de la iniciativa, Luis Borjas Romero (PRI), destacó que el aval de este Decreto será un paso memorable y trascendental particularmente en la protección de la niñez yucateca, al igual que el Estado estará a la altura de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

“Yucatán seguirá siendo vanguardista en materia legislativa, e incluso, adelantándonos un paso al orden federal, ya que un proyecto similar fue dictaminado y aprobado en la Comisión de Justicia del Senado el pasado 26 de abril, y en cuanto concluya su proceso legislativo seguramente también será incluido al Código Penal Federal”, agregó.

Ante ello, el también Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública detalló, que existen informes que revelan un incremento en la Comisión de Delitos en Contra de Menores durante la actual pandemia, ya que La Red por los Derechos de la Infancia, aseguró que de enero a junio de 2020 hubo un incremento del 157% de las denuncias ciudadanas por pornografía infantil, en comparación con el mismo período de 2019 en el país; y un incremento del 27.7% en el caso del delito de trata de menores.

En la Sesión Extraordinaria, las y los legisladores también aprobaron por unanimidad el dictamen que contiene seis iniciativas, para elevar hasta 65 años de prisión a quien cometa feminicidio, en caso de agravantes, entre otras modificaciones en materia de delitos con incidencia de género.

La diputada Milagros Romero Bastarrachea, señaló que la Organización de las Naciones Unidas reveló que el 70% de las mujeres, a nivel mundial, sufren de violencia al menos una vez en su vida; entre los hechos destaca el feminicidio por ser el punto final de estas agresiones continuas, por nuestra condición de género.

También, mencionó que ya no se puede permitir que sigan haciendo falta más mujeres en Yucatán, porque de acuerdo con los reportes en el año 2019 se cerró con 20 muertes de féminas, de las cuales oficialmente se registraron tres feminicidios en los municipios de Maxcanú, Umán y Celestún, de los cuales dos de cada tres fueron cometidos por las parejas de las víctimas.

“Todas las adecuaciones necesarias en materia de feminicidio en Yucatán se hicieron en conjunto con cada una de las proponentes, mandando el mensaje de sororidad entre nosotras, así mismo se hace extensivo dicho mensaje a toda aquella persona que la vida de una mujer vale demasiado, y quien arremeta en contra de ella todo el peso de la ley le será aplicado. Esta Legislatura le pone un moño rosa a nuestra gestión en pro de la mujer”, resaltó.

El producto legislativo contiene la iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, suscrita por Janice Escobedo Salazar (PRI); y otra para reformar y adicionar al Código Penal en materia de incesto, violencia familiar, delitos sexuales y feminicidios, signada por la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar.

Al igual, que una tercera para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal, en materia de feminicidio y abuso sexual, firmada por las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero; una más para adicionar un párrafo, reformar una fracción y adicionar diversas fracciones al Código Penal, en materia de tentativa de feminicidio y feminicidio, suscrita por la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo; y la última para modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de feminicidio, enviada por el Ejecutivo estatal.

En su turno, la diputada Janice Escobedo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reforzar y poner en práctica la perspectiva de género dentro de sus programas y políticas públicas; así mismo, a las fiscalías generales a que se guíen bajo los principios de la debida diligencia y la exhaustividad.

“Incrementando su capacidad de respuesta y generación de procedimientos a fin de presentar casos metodológicamente impecables que permitan garantizar la acreditación del delito”, reiteró.

En el mismo sentido, la legisladora Kathia Bolio, afirmó que, en materia de tentativa de feminicidio, se plantea que quien no logre asesinar a una mujer y se le imputan delitos menores calificados como riñas familiares, no salgan de la cárcel en poco tiempo, porque la mayoría de estos ilícitos se producen en el seno familiar y aunque las víctimas se animen alzar la voz, regresarán a su casa con su agresor.

“Que no se callen y denuncien, es la única forma de combatir la violencia contra las mujeres, estaremos garantizando un marco normativo para que ningún acto de violencia contra las mujeres se quede en impunidad”, recalcó.

Por último, la diputada Fátima Perera, expresó que en las iniciativas están las preocupaciones que ponen por delante los derechos humanos y la eliminación de toda forma de discriminación, propósitos normativos que eliminen todo tipo de violencia en contra de las mujeres.

“No se excluye en los dictámenes el aun perfectible intento regulador de conductas agraviantes en razón de género mediante las nuevas plataformas tecnológicas de comunicación, temática perfectible y de presencia agresiva constantemente en los espacios por regular de la comunicación usados para acosar, violentar y lastimar las relaciones vulnerables que se expresan contra las mujeres”, añadió.

De la misma manera, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad un dictamen para establecer que quien cause lesiones a una mujer por razón de género se le impondrán de 8 a 14 años de prisión y multa de 1,800 a 3,000 unidades de medida y actualización, entre otros cambios; al adicionar el artículo 367 Bis, 367 Ter y 367 Quater del Capítulo II del Título Vigésimo de los Delitos contra la Vida e Integridad Corporal del Código Penal, signada por el diputado del PAN, Miguel Rodríguez Baqueiro.

Por otro lado, las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la convocatoria a las asociaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de profesionistas e instituciones educativas de nivel superior, para que presenten propuestas de candidatos para cuatro espacios en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), para un periodo de tres años.