(Por Carlos Alberto Merodio)
“La Ley del Coronavirus”
Como medida extraordinaria para frenar la propagación del Coronavirus, y recalcando la responsabilidad que deben asumir las personas en la salvaguarda de su integridad y la de quienes les rodean, infinidad de países, incluido México, han recurrido a medidas legales emergentes, para buscar ordenar el compartimiento de personas que se niegan por cuenta propia y de manera responsable, acatar medidas básicas de higiene y confinamiento, dispuestas por las autoridades sanitarias en cada latitud del mundo.
En Colombia por ejemplo según su código penal: Todo aquel que viole medidas sanitarias adoptadas por autoridad competente para propiciar la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 10 años, mientras que en España se contemplan los delitos de prevaricación y lesiones imprudentes, incluyendo sanciones de multa y prisión de ser el caso, para quién contagie de forma pérfida a otras personas; naciones como Irán con decisiones menos ortodoxas, optaron por depurar las cárceles, los iraníes liberaron 70 mil presos para evitar la propagación del covid-19, con una confederación de vándalos en masa, vagando por los alrededores, estilo campaña electoral mexicana; los problemas de aquella nación tomaron otra dimensión.
En nuestro país, dentro del Código penal para la Ciudad de México, se describe en el artículo 159 el denominado “Delito de Peligro de Contagio”, de la siguiente manera: “Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa”, esto implicaría que la ley establece a todas las personas un deber Jurídico Penal’.
A lo largo y ancho del territorio nacional sobresalen acciones legales para buscar allanar el camino al bicho exterminador, en el caso del Estado de Yucatán, las personas contagiadas que hayan sido prescritas o quienes presenten síntomas de coronavirus; y no respeten el aislamiento para prevenir la propagación del virus, serán sancionados hasta con 3 años de cárcel y multa de 86,800 pesos.
En medio de la pandemia del COVID-19, el personal de salud ha sufrido agresiones físicas y psicológicas dentro y fuera de sus áreas de labores, lo que ha obligado a las autoridades imponer medidas drásticas, en Jalisco, Tlaxcala, Colima, Yucatán, Oaxaca entre otras entidades, se impusieron sanciones y multas que van de penas de hasta ocho años de cárcel a multas por 26,064 pesos para quién atente contra los guerreros de la salud.
En Tabasco autoridades locales establecieron una estrategia endeble y raquítica, que solo se basó en la imposición del confinamiento, recomendaciones superlativas de higiene y sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, la restricción de horarios y espacios públicos, la suspensión de clases, disminución de algunas actividades gubernamentales y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.
El grueso poblacional navega en la actualidad a la deriva, sin ningún tipo de “Plan Emergente de Rescate Económico”, serio; no las despensitas que se entregaron selectivamente y casi a escondidas, que subsane las necesidades apremiantes de salud, empleo y manutención por decir lo menos, pero que tal; en medio de la peor mortandad de que se tenga historia, con absoluta insensibilidad y apatía, en todo sentido del dolor real de los tabasqueños; más allá de los miles de muertos que cada quien adolece, el Gobierno tabasqueño anunció la construcción de un paso a desnivel y el re encarpetado de algunas calles y una que otra obra en algunos municipios, mientras los jugosos negocios del régimen se priorizan, paralelamente la gente enferma y muere sin freno, las cifras y los indicadores exorbitantes no mienten.
Los tabasqueños padecemos y dilapidamos nuestros impuestos, en un club de vivales, chatarreros; seudo parlamentarios, que se reúnen tras largos periodos, exclusivamente para defender sus intereses personales y los de sus respectivos partidos, por lo que, ante la ausencia de un congreso local representativo y afanoso de las demandas ciudadanas, no existe una agenda urgente, que incluya la judicialización de la propagación irresponsable del coronavirus en la entidad.
Por circunstancias tan desafortunadas, las austeras medidas restrictivas que podrían traducirse en leyes eficientes, no han pasado de endebles exhortos por parte de las potestades locales, por si fuera poco, de forma imprudente y absurda, las propias autoridades, realizan recorridos y actos públicos en plena pandemia, con nutridos contingentes, de guarros, zalameros, gana gracias y aplaudidores, convirtiéndose quienes deberían poner ejemplo de resguardo y cordura, en reverendos propagadores contumaces de la pandemia.
Cuando algún personaje del eslabón gubernamental, es diagnosticado con coronavirus, “en caso de que no lo finja porque hasta el momento solo los ciudadanos nos morimos”, inmediatamente de forma frívola; lo da a conocer en sus múltiples redes sociales, lo cual olería más a rancia argucia política para despertar lastima ajena, que a la búsqueda de empatía por el infortunio humano, cuando en los hechos; aberrantemente van dejando tras de sí, una estela mortal de contagio que regularmente llega a sus propias familias, colaboradores cercanos y ciudadanos que cotidianamente buscan desesperados a los titulares de la administración para solucionar diligencias impostergables, una especie de ruleta rusa institucional que busca mandar el mensaje del: si me voy yo, se van todos conmigo.
Más allá del ordenamiento legal inaplazable, y en medio del grito delirante y trasformador: “DE TODOS FUERA, SÁLVESE QUIEN PUEDA”, es momento de ser total y absolutamente responsables y consientes de la posibilidad inminente de ser en algún momento, portadores y transmisores del terrible virus, que si bien es cierto es exponencialmente adquirible y transmisible, también es evitable; si se acatan medidas básicas probadas: de confinamiento, sana distancia, higiene personal y del entorno, para ello es fundamental el compromiso, la mesura, la solidaridad y la fraternidad del núcleo familiar, la escuela, los centros de trabajo, las instituciones públicas y la sociedad en general, de lo contrario no habrá semáforo que ponga en alto la atroz propagación, ni mucho menos podremos seguir viviendo para contarlo.
