[Por Fernando Hernández Gómez]
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¿Se politiza la CEDH?
La salud es un derecho humano fundamental consagrado en nuestra Carta Magna. El Estado mexicano debe garantizar a la población la protección a su salud para una mejor calidad de vida. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En un país como México, con niveles de pobreza altísimos y con recursos públicos cada vez más limitados al sector y a las políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar de los habitantes, estos postulados quedan como mera aspiración.
Ni las instituciones del gobierno de la República (SSA, IMSS, ISSSTE, Pemex y sus grandes centros de especialidades) que proporcionan servicios médicos a sus derechohabientes, ni las estatales que atienden vía Seguro Popular a la población abierta, ni los propios institutos de seguridad social para empleados estatales, cumplen en ninguna entidad federativa de modo satisfactorio los requerimientos de atención a la salud de los mexicanos.
Las limitaciones presupuestales y la corrupción que permea en todos los ámbitos gubernamentales han sido los principales obstáculos para que se cumpla la premisa de que los mexicanos, todos, de cualquier parte, recibamos una atención a la salud oportuna y de calidad. Parece un imposible que los pacientes que acuden a médicos de instituciones públicas y logran consulta tras largas esperas, salgan con la receta y los medicamentos surtidos.
Tabasco vivió en 2012 la más grave crisis de los servicios de salud que se recuerde. Al cierre del periodo gubernamental estatal se colapsó la atención en los hospitales públicos por el mal estado de los equipos para estudios de diagnóstico y para intervenciones quirúrgicas, por el desabasto total de medicamentos y, para colmo, por la falta de pago al personal médico.
Al inicio del actual periodo gubernamental debieron sortearse todas estas circunstancias que meses atrás provocaban hasta la muerte de pacientes –por cirugías canceladas, por medicamentos jamás suministrados–, sin que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que en ese entonces era presidida por Jesús Manuel Argáez de los Santos (su primer periodo fue de 2008 al 2012) dijera ni pio. En su segundo periodo hizo una recomendación al sector en 2014 –antes de saltar a la presidencia del ITAIP, que hoy vive su propia crisis–, pero no se sabe en qué terminó.
Al sector no se le dejó al garete. Remontar la crisis y problemas acumulados, se ha llevado prácticamente todo el periodo sexenal. De 2014 a 2017 fueron atendidas deficiencias en 23 centros hospitalarios a cargo de la Secretaría de Salud estatal; destaca el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de los cinco hospitales de alta especialidad de Villahermosa en los que se invirtieron 463.5 millones de pesos. En 2017, se destinaron 31 millones al mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las áreas de terapia intensiva de los hospitales Gustavo A. Rovirosa y Juan Graham, así como quirófanos, sala de preparación y recuperación de pacientes de la Unidad de Cirugía Ambulatoria y de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño. En Buenavista se puso en servicio en centro hospitalario que costó 75.4 millones; se acaban de entregar 14 nuevos centros de salud comunitarios en 11 municipios, y desde principios de año un hospital de especialidades ambulante –denominado Convoy de la Salud– recorre comunidades de los 17 municipios.
Falta mucho para recuperar el nivel de atención idóneo en los hospitales. Hay todavía muchas deficiencias e incluso se dan casos de negligencia, que deben ser atendidos. Señalarlos y demandar que se superen situaciones que afectan la calidad del servicio a la población es, desde luego, una tarea que debe desempeñar la CEDH, entre las muchas obligaciones que la ley le confiere.
Sin embargo, llama la atención que dicho organismo actuara con una celeridad nunca vista e, incluso, que su propio presidente, Pedro Calcáneo Argüelles, anunciara que personalmente iba a atender la queja del diputado priista Manuel Andrade Díaz, quien demandó que se realizaran inspecciones a hospitales públicos de Villahermosa por la presunta suspensión de intervenciones quirúrgicas.
Desde que inició la semana y en medio de una contienda electoral, la CEDH puso en jaque al sector salud. La caravana del ombudsman tabasqueño está recorriendo, uno a uno, los hospitales de especialidades para corroborar su funcionalidad; hasta puestos ambulantes instalaron afuera de los nosocomios para que quien quiera acuda a quejarse… obviamente por mala atención.
Va a decir el titular de la CEDH que él sólo cumple con la ley. Qué bien que lo haga, aunque demasiado tarde para un órgano encargado de defender nuestros derechos humanos que ni vio ni oyó nada en ocho años. Lo que hoy hace se presta a suspicacias y le hace campaña gratis para el Senado al diputado Andrade, quien hoy deberá ratificar su queja. Es una pena que se politice la oficina del ombudsman como se hizo los dos periodos anteriores.
AL GRANO
QUE SIEMPRE SÍ, que el cierre de campaña de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia sí será en el crucero de Paseo Tabasco y avenida 27 de Febrero el miércoles 27, al mediodía… Tome rutas alternas…