Elimina Congreso de Quintana Roo el fuero constitucional

[Redacción]

Servidores públicos enfrentarán la justicia en igualdad de condiciones que la ciudadanía

Se cumple con una exigencia ciudadana y con la Agenda de la XV Legislatura: Martínez Arcila

Chetumal, Quintana Roo.- El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a diversas disposiciones legales, mediante las cuales se elimina el fuero constitucional para que todos los servidores públicos locales enfrenten la justicia, cuando vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico, en igualdad de condiciones que la ciudadanía.

Y es que en el marco del tercer periodo extraordinario de sesiones de la XV Legislatura, el Pleno del Congreso local aprobó, con 19 votos a favor de las bancadas del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social, MORENA y dos diputados independientes, y 2 en contra de los diputados del PVEM; reformas a la Constitución local, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior para eliminar las figuras de fuero constitucional y el procedimiento de declaratoria de procedencia.

Cabe mencionar que en el dictamen elaborado por las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, se encuentran plasmadas las propuestas que realizaron las fracciones parlamentarias del PRD, MORENA, PAN, PRI y Encuentro Social sobre el tema.

Con estas reformas, la XV Legislatura responde al reclamo ciudadano para que los diputados, como representantes populares y el gobernador, al dirigir la política del Estado, asuman la realidad de los procesos del orden penal en igualdad de condiciones, toda vez que el fuero constitucional o excepción de la ley penal respecto algunos delitos, se había convertido en un obstáculo para la impartición de justicia.

Se reservaron las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, toda vez que ante la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción resulta necesario expedir un nuevo ordenamiento en la materia de responsabilidades de los servidores públicos, que recoja los postulados de dicho sistema.

La minuta de reforma constitucional fue turnada a los ayuntamientos, para el proceso legislativo correspondiente.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, en representación de la fracción parlamentaria del PRD, expresó que la eliminación del fuero es una necesidad que surge en el nuevo contexto del combate a la corrupción y una respuesta firme a la exigencia ciudadana.

Ramos Hernández, quien fue promotor de una de las 5 iniciativas que sustentaron el dictamen, dijo que más importante que atender las propias agendas parlamentarias, es cumplir con uno de los principales compromisos de la agenda que la XV Legislatura aprobó por unanimidad.

“Eliminar el fuero de la Constitución política de nuestro estado, es actuar en congruencia con el Sistema Estatal Anticorrupción que fue aprobado por unanimidad, pues poco va a servir un fiscal anticorrupción, un tribunal de justicia administrativa, y un sistema más rígido de fiscalización y rendición de cuentas ante un muro de impunidad que evita que la justicia alcance a aquellos servidores públicos que cometan algún delito, este muro es el fuero constitucional”, agregó.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, explicó que una vez que las reformas entren en vigor, los integrantes de la XV Legislatura, el gobernador, los presidentes municipales y los magistrados, ya no contarán con fuero constitucional.

Esto ocurrirá cuando se realice el cómputo de votos de los ayuntamientos, quienes deberán someter a consideración de sus cabildos la minuta de reforma constitucional correspondiente.

Mientras que la diputada Mayuli Martínez Simón, coordinadora parlamentaria del PAN, aseguró que la eliminación del fuero es una victoria ciudadana y un triunfo logrado gracias a quienes, aún en un escenario de opresión y persecución política, “siguieron luchando para alcanzar la democratización de la justicia”.

“En un Estado de Derecho pleno, la protección de la libertad de opinión o el libre intercambio de ideas no debe descansar, como se supone, en el fuero constitucional, sino en la certeza del respeto irrestricto de los derechos humanos. Y cuando la democracia y el Estado de Derecho fallan, el fuero constitucional no tiene razón para proteger a los malos gobernantes, y dejar en indefensión a la ciudadanía y los representantes populares que luchan de su lado”, agregó.

Asimismo, la diputada Leslie Hendricks Rubio, de la fracción parlamentaria del PRI, reiteró la postura de su partido a favor de la eliminación del fuero constitucional, pues desde el Gobierno de la República han sido los principales impulsores de las medidas para combatir la corrupción, además de que los integrantes de su bancada han acompañado otras reformas de la XV Legislatura en este sentido.

Y es que en la primera intervención para expresar las consideraciones de su fracción parlamentaria en lo particular, Hendricks Rubio cuestionó la celeridad que se le dio a la elaboración del dictamen pues consideró que se debió profundizar el análisis en algunos puntos.

Por su parte, el diputado Ramón Javier Padilla Balam, representante de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, se pronunció por presionar al Congreso federal para que legisle en favor de todos los mexicanos y elimine el fuero a nivel federal, luego de que el Congreso de Quintana Roo se unió a la lista de entidades federativas que ya eliminaron esta figura constitucional.

Mientras que el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, de la fracción parlamentaria de Encuentro Social, consideró que es importante que haya mecanismos para promover la transparencia y el combate a la corrupción en las generaciones venideras, pero sobre todo para que esas generaciones tengan mayor conciencia de humanismo y de voluntad para trabajar por los ciudadanos.

Por último, el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, coordinador parlamentario del PVEM, señaló que, si bien su bancada avaló en lo general las reformas para eliminar el fuero, consideró que existen puntos en particular que dejan en estado de indefensión a los magistrados del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado.

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