[Redacción]
La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en autos del juicio contencioso administrativo S.C.A./A/311/2013, emitió la sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad del acto combatido, y se condenó al Ayuntamiento a que retome el procedimiento de la Licitación Pública Nacional MBJ/DGSPM/001-2008
Cancún, Quintana Roo.- En el marco de la Sexta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Benito Juárez, que encabezó el Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, se aprobó por unanimidad el acatamiento a la sentencia definitiva de fecha de 23 de febrero de 2017, emitida en autos del juicio contencioso administrativo S.C.A./A/0311/2013 del índice de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que ordena retomar el procedimiento de la Licitación Pública Nacional MBJ/DGSPM/001/2008.
Y es que lo anterior, tras ser cancelada por unanimidad por el Cabildo correspondiente a la administración 2011-2013, desencadenando que la persona moral involucrada denominada “PROACTIVO MEDIO AMBIENTE SETASA” presente su inconformidad por el acuerdo ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, radicada en el número de expediente S.C.A./A/311/2013, emitiendo sentencia definitiva el 6 de julio de 2015, donde decretó la suspensión del procedimiento judicial, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del Artículo 63 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado.
Que tras realizarse el procedimiento legal conducente, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en autos del juicio contencioso administrativo S.C.A./A/311/2013, emitió la sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad del acto combatido, y se condenó al Ayuntamiento a que retome el procedimiento de la Licitación Pública Nacional MBJ/DGSPM/001-2008, que en su momento fuera cancelada el 12 de abril de 2013.
Ante ello, resulta imperante para este Ayuntamiento dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en autos del juicio contencioso administrativo, por lo cual se necesario integrar un Comité Técnico Dictaminador de Licitación Pública Nacional MBJ/DGSPM/001/2008, toda vez que los servidores públicos que lo integraron inicialmente ya no se encuentran desempeñando el cargo de aquella época, por lo que el Cabildo es el único facultado para determinar la integración del mismo.
Para efectos en este punto de acuerdo se aprobó la conformación de dicho comité dictaminador de la siguiente manera: los regidores Marta Yrene Chan Ramírez, Ericka Guadalupe Castillo Acosta, José Isidro Santamaría Casanova, Berenice Sosa Osorio, Róger Sánchez Nanguse, José Antonio Meckler Aguilera, Gregorio Sánchez Martínez; así como el tesorero municipal, Rogelio Días Ramírez; el director de Servicios Públicos Municipales, Antonio Fonseca León; directora general de Ecología, Jeannina Medrano Galindo; director general de Obras Públicas, Alfonso Eugenio Gordillo Avedaño; el contralor municipal, Guillermo Brahms González; y el director general de Asuntos Jurídicos, Jorge Rodríguez Méndez, quienes al retomar el procedimiento de la misma, deberán acatar los lineamientos de la sentencia definitiva.
Asimismo, se aprobó por unanimidad, la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 29 y el numeral 1 de la fracción III del artículo 49, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, en la que se indica: “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la Autoridad Judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél (…)”
Finalmente, el Cabildo de Benito Juárez rechazó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, al considerarse un apartado mal redactado, con silogismos poco claros, y apartado no justificados, según la opinión del regidor Antonio Meckler Aguilera; situación en la que coincidió la síndico municipal Mirna Karina Martínez Jara, quien señaló que de acuerdo a su experiencia como asesor parlamentario, la intención es que el Congreso del Estado presente la iniciativas y las comisiones del mismo están integradas, las cuales podrían por medio de acuerdos, atender dichas decisiones.
