[Redacción]
Se constató afectación de mangle botoncillo, especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de (Pr) Protección especial
El inspeccionado no presentó autorización en materia de impacto ambiental para las obras de construcción
Bacalar, Quintana Roo.- Personal de la PROFEPA adscrito a la entidad constató que dentro del predio, en un ecosistema lagunar costero de 504 m2, se llevaron a cabo actividades de construcción y poda parcial de vegetación forestal, con afectación principal de ejemplares de Mangle botoncillo (Conocarpus erectus), especie enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección especial (Pr).
En la inspección se observó un edificio en etapa de construcción: una rampa de concreto de acceso al predio; un muro de contención de mampostería y cemento; una alberca, un muelle de madera; una palapa de madera y un relleno al fondo de la laguna adyacente al predio con material de grava.
Al momento de la visita, el inspeccionado no presentó la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para realizar obras y actividades de construcción.
Es importante destacar que las actividades realizadas en el predio propician la pérdida y degradación del suelo por acción hídrica y/o eólica; así como el desplazamiento de las especies de fauna silvestre que habitaban en estos ecosistemas, por lo que su eliminación puede causar un daño o deterioro grave a los recursos naturales.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos y las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas, las violaciones cometidas podrán ser sancionadas con la imposición de una multa por el equivalente de 30 a 50 mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, además de la clausura definitiva de las obras y actividades.
Conforme a lo previsto en el artículo 418 del Código Penal Federal, dichas conductas pueden derivar en un delito penal y se podrá imponer una pena de seis meses a nueve años de prisión, así como una multa por el equivalente de cien a tres mil días multa a quien desmonte o destruya la vegetación natural y cambie el uso del suelo forestal.
