[Antonio Rivera]

Ante los diputados de la LXII Legislatura, el presidente de la institución, Jorge Javier Priego Solís, rindió el informe del estado que guarda la administración de justicia

Refrendó su compromiso con la transparencia y un servicio de justicia garante de los derechos humanos, eficientes y honestos

Concluyó la implementación del sistema de de justicia penal acusatorio y oral, un cambio paradigmático que representa desafíos institucionales

Destaca congreso Diálogos Judiciales Internacionales: Control de Convencionalidad y Migración. Tendencias y Desafíos, que colocó a Tabasco en el centro del análisis sobre estos temas

Villahermosa, Tabasco.- Abierto al escrutinio público, el Poder Judicial  refrendó su compromiso con la transparencia en su actuar y se manifestó determinado a consolidar una administración de justicia garante de los derechos humanos, eficiente y honesta que sirva a los tabasqueños.

Este viernes el presidente de la institución, Jorge Javier Priego Solís, dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo segundo de la Constitución Política de Tabasco, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y presentó ante los diputados que integran la LXII Legislatura el informe escrito del estado que guarda la administración  de justicia, y de esta manera, rendir cuentas claras.

Priego Solís puntualizó que las mil 595 personas que integran los órganos  jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura han puesto su mejor esfuerzo para hacer efectiva la tutela judicial y con ello, ofrecer un servicio de administración de justicia acorde a los requerimientos de los tabasqueños.

En compañía del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, quien asistió con la representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, recordó que el pasado 6 de junio, Tabasco cumplió cabalmente con la reforma constitucional que dio origen al nuevo sistema de justicia penal, al ponerse en marcha en el municipio de Centro, en la novena de las regiones –en el periodo también se pusieron en marcha los centros de justicia oral en Huimaguillo y Cárdenas– donde ahora es posible brindar un servicio de justicia ágil, con respeto pleno a los derechos humanos e igualdad de condiciones para víctimas u ofendidos e imputados.

Es un cambio paradigmático, que además representa desafíos institucionales y nos abrió ventanas de oportunidad para encararlos  con eficiencia y honestidad, dijo, al agradecer el apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo para implementar la reforma que dio paso a los juicios orales, juicios abreviados, acuerdos reparatorios y mayor celeridad en el proceso penal, que ahora es acusatorio y oral.

Asimismo, destacó el esfuerzo institucional para realizar en Tabasco el congreso Diálogos Judiciales Internacionales: Control de Convencionalidad y Migración. Tendencias y Desafíos, que reunió en Villahermosa a más de medio millar de jueces, magistrados, académicos y abogados litigantes de diez países de América y Europa, en un  esfuerzo por reforzar la legalidad y la vigencia del Estado de derecho en Iberoamérica.

El encuentro congregó a ponentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comisiones nacionales de Tribunales de Justicia de México (Conatrib), y de Derechos Humanos (CNDH), Unión  Internacional de Magistrados –que agrupa a 84 países– y la academia y la magistratura de España e Italia, quienes debatieron con jueces y magistrados, litigantes, académicos y estudiantes de España, Italia, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y México, entre ellos, los presidentes de las supremas cortes de Justicia de Ecuador, Bolivia y Paraguay

Priego Solís expresó que el cónclave de tres días se convirtió en un ejercicio de cultura jurídica en temas como derechos humanos y control difuso y centralizado de convencionalidad –la facultad para inaplicar la legislación local cuando ésta vulnera derechos humanos–, así como los fenómenos migratorios y propuestas de políticas públicas para atenderlos.

Diálogos Judiciales Internacionales se efectuó por primera vez en América, luego que el año pasado se realizara una primera versión en Barcelona, a instancias del catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Alejandro Sáiz Arnáiz, quien además, del 4 al 11 de noviembre, impartió el curso Justicia constitucional a 30 magistrados, magistradas y proyectistas del TSJ tabasqueño.

Se puso a tiempo el reloj de la justicia

Por otra parte, relató que de manera inédita el 31 de marzo entregó al Congreso del estado la iniciativa de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se puso a tiempo el reloj de la justicia en la entidad, se respondió a los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal  y atendió el mandato de la reforma constitucional en materia judicial, en vigor desde el 1 de agosto del año pasado.

Este ordenamiento jurídico abrogó el 28 de mayo pasado la ley orgánica vigente desde el 2 de octubre de 1990, toda vez que ya no respondía  a los nuevos desafíos de la justicia y las demandas de la ciudadanía para mejorar la calidad profesional, así como la honestidad en la prestación del servicio de administración de justicia.

Es la primera vez que un titular de la institución presenta una iniciativa de ley de manera autónoma, facultad que le confiere la Constitución local.  A ello se llegó después de un largo proceso de deliberación de expertos en la materia quienes se abocaron al diseño de la nueva ley que consta de ocho títulos y 331 artículos.

Asimismo, se establece el nuevo régimen de responsabilidades y sanciones para los miembros de la institución (respecto de magistrados y servidores públicos de segunda instancia, esta tarea corresponderá al pleno del Tribunal Superior de Justicia; el Consejo de la Judicatura lo hará en lo que se refiere a personal de primera instancia, y en el caso del personal administrativo corresponderá conocer de los procedimientos a la Dirección de Contraloría).

La dinámica del procedimiento se retomó del acuerdo que para el efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal para sancionar a los propios servidores del Poder Judicial Federal.

De igual forma, se establecen mecanismos de actuación de los servidores públicos ya que, por ejemplo se creó la Dirección Jurídica, para lo que se establecen funciones y requisitos para quien funge como su titular, y se incorporaron normativamente la Dirección de Comunicación y las unidades de Supervisión de Obra y de Equidad de Género y Derechos Humanos, el Centro de Convivencia Familiar y los centros de Acceso y de Justicia Alternativa.

Jorge Javier Priego Solís resaltó la respetuosa coordinación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación (Segob), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, así como los institutos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Chiapas, y Nacional de las Mujeres (Inmujeres), mediante la cual se efectuaron cursos, talleres, conferencias, conversatorios y diplomados.

En este tenor, el titular de la Judicatura tabasqueña acompañó al Presidente Enrique Peña Nieto en las giras llevadas a cabo el 28 de enero y 4 de mayo para poner en marcha obras viales en Villahermosa y anunciar el Programa de Reactivación Económica para Tabasco y Campeche.

El 28 de abril, en Palacio Nacional, Priego Solís atestiguó la presentación de iniciativas de reformas en materia de justicia cotidiana que efectuó el jefe del Ejecutivo federal, y ante el Altar a la Patria acudió con el mandatario mexicano a la ceremonia de entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal la madrugada del 18 de junio, cuando concluyó la vacatio legis para implementar la reforma constitucional en materia penal de 2008.

Con Peña Nieto volvió a coincidir durante la quincuagésima novena reunión anual de la Unión  Internacional de Magistrados (UIM), en la Ciudad de México, donde la jueza uruguaya Cristina Crespo Haro –quien participó un mes antes en Villahermosa en los Diálogos Judiciales Internacionales– entregó la titularidad de la agrupación.

Y con el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia firmó el Convenio de Interconexión Tecnológica que ese organismo realizó con instituciones de impartición de justicia.

En las instalaciones del alto tribunal mexicano se celebró el quincuagésimo quinto periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual asistieron cinco magistrados tabasqueños.

Mención especial hizo de la ministra Beatriz Margarita Luna Ramos, quien poco antes de signar con el gobernador Arturo Núñez el convenio de adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos de Impartición de Justicia, brindó la charla Control difuso de convencionalidad a jueces, magistrados, consejeros de la Judicatura, proyectistas de jueces, secretarios de juzgados y actuarios.

Con respecto al convenio de adhesión, Priego Solís, señaló que en el Poder Judicial  tenemos la firme convicción de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad de género, tanto en México como ante la comunidad internacional, pues se busca que el pacto signifique una realidad protectora para los ciudadanos, sean hombres o mujeres.

Poco antes de que el gobernador Arturo Núñez Jiménez planteara que las políticas públicas deben tener “aroma de mujer”, Jorge Javier Priego explicó que al adherirse Tabasco a este pacto se abren participaciones en un comité de seguimiento que se encargará de generar comisiones de supervisión estatal para los tribunales, dado que el pacto involucra a los tribunales de Justicia del estado, Electoral de Tabasco, agrarios, de lo Contencioso Administrativo, de Conciliación y Arbitraje, Federal de Justicia Administrativa, el sistema estatal del DIF Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de las Mujeres.

Capacitación de primer nivel

A partir de una reunión hacia la sensibilización sobre las obligaciones del Estado mexicano para lograr la igualdad de la mujer, la asesora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nadia Sierra Campos, impartió el taller en materia de protocolos de igualdad de género y derechos humanos a 50 juezas y jueces tabasqueños.

Además se efectuaron el seminario sobre el Modelo de Prevención y Atención a las Tabasqueñas, alineados al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM 2014-2018), organizado por el Instituto Estatal de las Mujeres.

También, los integrantes de la institución se sumaron con campañas de información a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama; la endocrinóloga Claudia Teresa Larios Barragán impartió la conferencia Síndrome metabólico, y en coordinación con la Secretaría de Gobierno se efectuó la exposición Rumbo al 2017, Centenario de la Constitución.

Como parte de la atención personalizada se atendió a mil 928 personas en audiencia y mediante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información se atendieron 222 solicitudes, de las cuales en 173 se determinaron acuerdos de disponibilidad, se negaron 16, hubo seis acuerdos de no competencia, 20 acuerdos de prevención y siete solicitudes están en proceso de trámite.

El Voluntariado del TSJ, cuya titularidad recae en la señora Alicia Berezaluce de Priego, se hizo cargo de las celebraciones de los días de Reyes, del Niño y de las Madres, para ofrecer a las familias de los trabajadores momentos de esparcimiento y convivencia.

Manejo transparente de recursos

En el periodo que comprende del 16 de noviembre de 2015 al 22 de noviembre de 2016, la institución contó con ingresos fiscales ordinarios por 417 millones 317 mil  332 pesos, con los que se adquirieron equipos audiovisuales para los juzgados de oralidad de Paraíso y Jalapa, se rehabilitaron los juzgados civil y de paz de Cárdenas, y se adecuaron los baños de los juzgados civiles y familiares de Centro, además de que se rehabilitó el auditorio Antonio Suárez Hernández.

Para la implementación del sistema de justicia penal, el Congreso local autorizó 143 millones 476 mil 834 pesos, mientras el gobierno federal destinó 44 millones 161 mil 713 pesos, como parte del subsidio para la implementación de la reforma, y cinco millones de peso adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), así como se refrendaron recursos federales por 19 millones 492 mil 274 pesos.

En tanto, por concepto de multas impuestas en sentencia definitiva, y revocaciones de fianzas y garantías ordenadas por jueces y magistrados, así como productos financieros,  en el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia existe un monto de seis millones 520 mil 521 pesos.

Por lo que se refiere al Centro de Informática, Estadística y Computación, éste implementó un programa de gestión administrativa para registrar y administrar trámites procesales en los tribunales de juicio oral y se incorporaron las regiones de Nacajuca, Huimanguillo y Centro, al igual que el juzgado de ejecución de sanciones penales.

Asimismo, se modificaron los sistemas de gestión judicial de primera instancia y administrativa del nuevo sistema penal acusatorio para rendir información de violencia de género.

Además, de acuerdo con directrices nacionales e internacionales, en la página web del Poder Judicial se implementó un micrositio denominado Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, en el que se difunden documentos relativos al tema para fomentar el respeto a los derechos fundamentales.

El Consejo de la Judicatura recibió 288 quejas y denuncias –de las cuales 132 fueron interpuestas por particulares–, como resultado de lo cual se sancionó a 133 servidores judiciales con  52 amonestaciones por escrito, cinco apercibimientos privados, tres amonestaciones públicas, nueve amonestaciones privadas, en 57 casos se suspendieron de días de labores, y se registraron tres ceses y cuatro inhabilitaciones.

Por lo que se refiere a la actividad jurisdiccional, en los juzgados civiles, mixtos y de paz se iniciaron 38 mil 511 expedientes en materia civil y se concluyeron 24 mil 785 expedientes, seis mil 831 por sentencia definitiva y 17 mil 954 por otros motivos.

En los juzgados penales, mixtos y de paz se dio comienzo a dos mil 653 procesos penales; de ellos, 714 se realizaron con detenidos y mil 939 sin detenidos. Se concluyeron tres mil 474 expedientes, 675 por sentencia definitiva y dos mil 799 por otros motivos.

En tanto, en los juzgados de control y tribunales de juicio oral se judicializaron mil 485 asuntos; de ellos, en mil 296 asuntos se hicieron por causas. Se finalizaron 341 asuntos, 25 por sentencia definitiva en juicio oral, 35 por sentencia definitiva en procedimiento abreviado y 281 por otros motivos. Quedan en proceso 190 causas.

En el juzgado especializado en justicia para adolescentes del sistema tradicional suprimido el 30 de junio pasado, se concluyeron 36 expedientes y se emitieron 310 acuerdos.

Por otra parte, en el juzgado de control y tribunal de juicio oral especializado para adolescentes se judicializaron 65 asuntos, 49 por causas y 16 por cuadernillos. Se concluyeron 59 asuntos: uno por sentencia definitiva en juicio oral, 40 por sentencia definitiva en procedimiento abreviado y 18 por otros motivos. Restan diez causas en proceso, 43 fuera de proceso y cinco suspendidas.

Por lo que respecta al juzgado de ejecución de sanciones penales se registraron mil 179 ingresos, de los cuales 803 corresponden a carpetas de ejecución y 376 a cuadernillos formados. De las carpetas iniciadas se terminaron 201: por cumplimiento de sanciones 123; por la nulidad de la sentencia condenatoria, 55; por muerte del sentenciado, siete; por incompetencia declinada aceptada, cinco, y por otras causales, 11.

En el juzgado de ejecución de medidas legales para adolescentes, con el sistema tradicional se inició un expediente con detenido, y se dio fin a 54 causas: 31 por cumplimiento de las medidas legales y 23 por otros motivos.

Empero, en el sistema oral se dio comienzo a 43 asuntos –24 con detenidos y 19 sin ellos. Se concluyeron 14 procesos debido a que los adolescentes cumplieron las medidas legales impuestas. Restan 60 procesos en ejecución y tres fueron suspendidos.

Actividad de segunda instancia

En las cuatro salas penales de segunda instancia, magistrados y magistradas dieron comienzo a mil 447 tocas, que se suman a 183 del año anterior, lo que hace un total de mil 630 tocas. A raíz de esta labor, se libraron 50 órdenes de aprehensión y diez de reaprehensión.

De ese total de mil 630 expedientes de apelación en trámite se finiquitaron mil 530, para lo cual se efectuaron 168 sesiones colegiadas. Quedaron en trámite en salas cien apelaciones.

En tanto, en la sala unitaria especializada para adolescentes se iniciaron dos tocas, que suman tres con uno que quedó pendiente de fallo del periodo anterior. Se terminaron dos causas de apelación y se negó una.

El sistema procesal penal acusatorio y oral conoció de 120 recursos de apelación, de las cuales se resolvieron 111. En 66 impugnaciones se confirmaron las sentencias de los jueces, juezas o tribunales de origen, en 19 se revocaron, en 14 se modificaron, en diez se declararon inadmisibles o improcedentes, y dos se terminaron por otros motivos. Consecuentemente, ocho causas quedaron pendientes para emitir veredictos porque en una se dispuso la suspensión del procedimiento.

En la sala unitaria de oralidad especializada en justicia para adolescentes se iniciaron siete apelaciones y las siete fueron terminadas.

Por lo que hace a las dos salas civiles del Tribunal Superior de Justicia, que conocen de asuntos en materias civil, familiar y mercantil, tuvieron una carga de trabajo de dos mil 152 impugnaciones, de las cuales mil 966 fueron apelaciones iniciadas durante este periodo. Se terminaron mil 958 tocas durante 126 sesiones colegiadas.

A su vez, la sección de amparos atendió 415 juicios de garantías promovidos en contra de las resoluciones pronunciadas por las cuatro salas penales –34 del nuevo sistema penal acusatorio y oral–, que dan un total de 881 con los 466 amparos en trámite desde el periodo anterior.

Las autoridades federales resolvieron 527 juicios: 300 fueron concedidos, 127 negados, 85 sobreseídos y 15 desechados de plano. Siguen a la espera de veredicto354 juicios de garantías.

En contra de las decisiones de la sala unitaria especializada en justicia para adolescentes se promovió un amparo, que suma a los dos tramitados en periodos anteriores, significan tres juicios de garantías, los cuales están pendientes de fallo.

Finalmente, en el periodo se promovieron 680 amparos contra las decisiones de las salas civiles. Al sumar los 314 juicios del periodo anterior significan un total de 994 amparos.

Las autoridades federales emitieron fallos en 524 juicios, de los cuales 86 fueron concedidos, 308 fueron negados, 58 sobreseídos, 57 desechados de plano y 15 desechados por extemporáneos. Quedaron en trámite 470 amparos.