(Redacción)

Zapata Bello señaló que dicha denuncia es notoriamente intrascendente y frívola, ya que los supuestos hechos que la motivan son imprecisos y faltos de verdad

MÉRIDA, Yucatán., 04 de noviembre 2021.- A través de un “comunicado” enviado sólo al Diario de Yucatán, el ex gobernador de Yucatán Rolando Zapata Bello le respondió a Ivonne Ortega Pacheco por la denuncia presentada ante la FGR por el Hospital de Ticul.

Zapata Bello señaló que dicha denuncia es notoriamente intrascendente y frívola, ya que los supuestos hechos que la motivan son imprecisos y faltos de verdad.

Sin embargo, el ex mandatario estatal dijo que los integrantes de su administración 2021-2018 están a disposición de las autoridades en caso de requerirse.

A continuación, el texto íntegro del comunicado referido.

El día de ayer la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una denuncia que, según se alcanza a interpretar, se refiere a la rescisión legal con causa justificada de un contrato de PPS para la construcción de un Hospital en Ticul.

Tal acuerdo fue firmado por ella misma siendo Gobernadora de Yucatán en 2011 bajo condiciones que, han sido públicamente cuestionadas con severidad al más alto nivel en días recientes.

Aún sin conocerse a detalle la citada acusación por expresiones públicas que se han difundido al respecto, es de considerarse que tal denuncia es notoriamente intrascendente y frívola, ya que los supuestos hechos que la motivan son imprecisos y faltos de verdad.

La realidad es que el fondo de este asunto ha sido legalmente juzgado ante las instancias jurisdiccionales del país, quedando perfectamente claro que la rescisión del contrato fue por causa justificada imputable a la empresa, por incumplimiento en la ejecución de la obra, pese a habérsele otorgado prorrogas. La ruta legal de tal proceso fue puntualmente descrita, en la nota del Diario de Yucatán.

“Cuestionable y carente de lógica”

También en términos jurídicos resulta cuestionable y carente de lógica presentar una denuncia penal por la rescisión de un contrato de naturaleza civil en un contexto administrativo. Por otra parte, en cuanto a la forma, más pareciera una cuestión de protagonismo político que de orden jurídico.

Sin embargo, los integrantes de la administración 2012 – 2018 que correspondan estarán plenamente dispuestos para acudir con toda seriedad y responsabilidad ante las instancias que proceda, en caso de ser requeridos, para aclarar cualquier tema que al caso fuera necesario.

Esto último aún cuando pudiera parecer innecesario, por la forma tan trivial como la diputada Ortega Pacheco ha abordado el planteamiento que al parecer dio pie a su referida denuncia.