(Redacción/Agencia)

Con 20 votos a favor y seis en contra, se aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que data de 1982

Ciudad de México 13 de agosto de 2021.-La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley donde se protege al Presidente de la República para evitar su posible destitución en caso de desafuero.

Además, se busca ir con mayor claridad contra Magistrados, Ministros, consejeros electorales y Gobernadores.

Con 20 votos a favor y seis en contra, se aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que data de 1982.

Aunque la Comisión de Gobernación ya había cerrado sus trabajos y entregado oficinas, se convocó a los diputados de última hora y ayer se circuló el dictamen de la iniciativa de ley que Morena presentó hace dos semanas.

La nueva ley es casi calca de la ley que se deroga y se mantienen los largos procedimientos que deben seguir las comisiones Jurisdiccional, en juicio político, y Sección Instructora para desafuero.

Se incluyen nuevos artículos en relación al Ejecutivo federal, que ahora puede ser juzgado de diversos delitos durante el tiempo de su encargo como son traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

De último momento, la morenista Carmen Almeida presentó una reserva para proteger al Presidente de la República.

En el artículo 42 original del dictamen, y que fue modificado, se señala que si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República «en la sentencia decretará su destitución del cargo y le sujetará a la jurisdicción del órgano judicial competente, para que continúe el procesamiento penal del inculpado, en su caso, hasta la imposición de la pena correspondiente».

La legisladora presentó otra redacción, porque, dijo, se trata del Presidente.

Planteó que para el caso del titular del Ejecutivo se plasma textual lo dicho por el artículo 111 de la Constitución, respecto a que procederá la «legislación penal aplicable».

«Esta reserva significa que debemos ser prudentes, porque se podría destituir al Presidente por cualquier delito.

«Sí, nadie por encima de ley, pero debemos ser razonables en este sentido», justificó sobre la protección al Presidente.

Esta protección al Presidente contrasta con el artículo 35 de la misma ley, porque para el resto de servidores sí queda explícita la destitución del cargo.

«Si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión que ha lugar a proceder contra la persona imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley», se indica en el dictamen aprobado.

Por otro lado, uno de los cambios más notables en la nueva legislación es que, en caso de desafuero de funcionarios de las entidades federativas, los Congresos locales estarán obligados a atender lo señalado por la Cámara de Diputados.

Con ello, se evita repetir el caso del Congreso de Tamaulipas, que no procedió igual tras el desafuero al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

«Respecto a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las diputadas o los diputados de las legislaturas locales, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorguen autonomía, a quienes se les hubiere atribuido la posible comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia y, en su caso, publique y comunique tal resolución para el efecto de que las autoridades locales o federales correspondientes actúen en consecuencia», se señala en el largo artículo.

Además, se precisa en el dictamen que la Sección Instructora, que decide sobre los juicios políticos y los desafueros, pase de cuatro a cinco integrantes, con lo que se evitaría el empate en sus decisiones.

La diputada de Morena, Araceli Ocampo, advirtió que con la nueva ley podrán ser acusados todos los servidores públicos, de todos los órganos públicos del Estado, que han estado eximidos de enfrentar la ley ante sus actos de «depravación política».

«Es vergonzoso que no exista una ley que incluya llevar a juicio político a Ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros de la Judicatura, integrantes de la Fiscalía General, jueces de distrito y Magistrados de circuito.

«Así como consejeros electorales o Magistrados del Tribunal Electoral, donde recientemente han sido exhibidos en casos de corrupción y pugnas internas por su ambición de la lucha de poder, llevando a una crisis política nunca antes vista en este instituto», resaltó la legisladora a pesar de que todos esos funcionarios públicos sí están considerados a juicio político en la Constitución.

Los legisladores de la Oposición rechazaron el dictamen por presentarse de última hora y sin discusión pública alguna.

Los diputados del PRI, Cruz Roa y Lucero Saldaña, manifestaron que se trata de una «bola rápida» a dos semanas de que concluya la legislatura y sin haber convocado a un parlamento abierto para su discusión.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, reclamó que lo que se busca es atender las demandas del Presidente y protegerlo.

«Siguen los mismos plazos, los que permitieron que Mauricio Toledo siga en la impunidad y pudiera huir.

«Lo que quieren es garantizar inmunidad para servidores de la 4T. Es lo que los mueve, esta ley tiene la marca ‘Bienestar’, la quieren para perseguir actores políticos, para eso la quieren. No quieren que venga del antiguo régimen, es para juzgar actores políticos con los que no están de acuerdo, no es que quieran justicia, sino que quieren actuar por consigna política», advirtió.

El panista Jorge Arturo Espadas reclamó que no hubiera un debate transparente y que se aceleraba un dictamen que requiere un análisis más serio.

«No tenemos prisa por regular este tema en un periodo tan corto, es un dictamen que no ha tenido suficiente discusión».

El también panista Fernando Torres dijo que la legislación mantiene «el sello de la casa, de la 4T», de hacer las cosas a la carrera.

«Sólo porque es el mandato del monarca que vive en Palacio Nacional y hay que obedecer a ciegas. Fue el regaño que les dieron en la mañanera y es una simulación más», expresó.

El dictamen será enviado a la Mesa Directiva y Morena buscará que quede considerado en una propuesta de un nuevo periodo extraordinario a realizarse la próxima semana.

Sin embargo, en la Comisión Permanente del Congreso, Morena necesita los votos de la Oposición para autorizar la convocatoria al periodo extra, los cuales aún no tiene. (Fuente:Agencia Reforma)