[Por Fernando Hernández Gómez]
Los ‘piratas’
La actividad económica informal está en todas partes y en todos los giros. El transporte público de aquí y de cualquier lugar del país no podía ser la excepción. Es lo que conocemos como piratería y resulta competencia desleal para quienes tienen autorización o concesión para prestar servicio.
En el transporte pirata se conjugan dos elementos: uno, es la necesidad de obtener un ingreso para sostenimiento de la familia por parte de los choferes, y dos, con esta actividad se incurren y fomentan innumerables actos ilícitos.
Esto último llama la atención porque es toda una industria, que va más allá de la supuesta tolerancia que le dan las autoridades para operar sin concesión la unidad y sin licencia de conducir los choferes.
A muchos taxis piratas se les ha vinculado a ilícitos como robo de autos, que se han empleado para dar servicio, o desmantelarse y venderse como piezas y refacciones para reponer partes dañadas en la brega diaria.
Al ser informal, irregular o ilegal este tipo de transporte, sus usuarios se exponen a ser víctimas de robos y hasta de violaciones sexuales en el caso de las mujeres que lo utilizan.
Hay reportes de que taxis piratas se han empleado para cometer delitos con violencia. Y cuando uno de esos vehículos incurre en algún accidente o colisión es difícil lograr, para la víctima, el resarcimiento del daño, pues no hay a quién reclamarle, caso contrario a lo que ocurre con los taxis amarillos.
En la actual administración se han hecho esfuerzos para meter en cintura a los transportes piratas. De hecho existe un litigio ante instancias federales porque resulta que al cierre del régimen anterior se autorizaron permisos especiales a diestra y siniestra, cuya validez ha sido rechaza por este gobierno.
Ayer, medio centenar de taxis piratas –con números económicos 6000 y 9000– realizaron una marcha que culminó con una protesta en Plaza de Armas, en cuya plancha aparcaron sus vehículos. Aunque hubo presencia policiaca no se ejerció la fuerza para desalojarlos.
El motivo: exigen que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal ponga fin a sus –lea bien– ‘operativos ilegales’ que han motivado la retención de 10 taxis piratas. Los representantes de estos taxistas informales alegan que existe una ‘suspensión definitiva’ violada por parte de la autoridad.
El titular de la SCT, Agustín Silva Vidal reveló que esta administración se encontró con que el gobierno anterior otorgó “los dos últimos días de su gestión” ‘permisos apócrifos’, los cuales se fueron a litigio.
De mil 440 ‘autorizaciones’ indebidas para taxis, “al día de hoy mil 390 están fuera de circulación, y otras 50 unidades irregulares están por resolverse en un tribunal de Coatzacoalcos, Veracruz”, apuntó. (Tabasco Hoy, 10Jul.2017)
Abundó que la SCT ha mantenido operativos contra el pirataje en todas las modalidades. “Llevamos alrededor de 600 operativos en lo que va del año, y hemos detenido más de 300 unidades. Vamos a sacar en subasta pública las primeras 50 unidades, inclusive ya están en trámite”, expuso.
Al gobernador Arturo Núñez Jimémez “le preocupa el sector, lo quiere mejor organizado y, sobre todo, lo quiere dejar blindado de aquellos vicios y prácticas que se dieron en el pasado”, sostuvo Silva Vidal.
Si como aseguran los representantes de los taxis piratas, la SCT estatal violó amparos, lo conveniente –para ellos– sería que dejaran que la autoridad federal que se los otorgó resuelva al respecto.
Hasta hoy, por los datos que aporta Agustín Silva, la razón legal asiste a la SCT. ¿Cómo podrían justificar estos taxistas un servicio regulado por la ley, sin el debido permiso o concesión? Aquí y en China eso es una irregularidad, y en caso que la autoridad no muestre firmeza para corregirla, sobre ella recaería la culpa. Sí, hay que meter orden.
AL GRANO
Más que interesantes las declaraciones del ex presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Javier Vargas Ramón, de que existe “una mezcla de ignorancia y prepotencia” con los problema de los laudos en los municipios, que se han agravado en los gobiernos donde se ha dado la alternancia, como Paraíso, Jonuta, Macuspana, Centla y Nacajuca.
Vargas explicó que los nuevos funcionarios públicos de los ayuntamientos, de uno u otro partido, “de origen no saben ejercer el poder conforme a la ley y de manera democrática”. Esto ha causado ya “un problema de gobernabilidad financiera”, y propuso que en el OSFE se integre, si no como deuda pública, sí como pasivo del ayuntamiento los laudos condenatorios. ¿Cómo ve?
