[Redacción]
México debe ceñirse a los estándares internacionales en la materia, establece Leticia Bonifaz, directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del alto tribunal mexicano
Villahermosa, Tabasco.- La directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Leticia Bonifaz Alfonzo, afirmo que nuestro mundo cambió, el mundo de los derechos cambió y en el ámbito de los derechos humanos no va a haber retroceso
Y es que la especialista chiapaneca fue invitada por el presidente del TSJ, Jorge Javier Priego Solís a disertar la conferencia La defensa de los derechos humanos, subrayó que “todos somos iguales en términos de dignidad”, y por tanto México debe ceñirse a los estándares internacionales mediante una mayor integración al sistema interamericano.
La doctora en Derecho por la UNAM indicó que debemos tomar en serio el tema de los derechos humanos y ante todo, despojarnos de estereotipos que están afectando el ejercicio de derechos fundamentales por parte de grupos vulnerables como indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, migrantes y miembros de la comunidad lésbico-gay, transgénero e intersexuales.
En la conferencia con la que concluyó una serie de tres talleres sobre mediación, prácticas anticorrupción y derechos humanos impartido a personal del Poder Judicial tabasqueño, la ex consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal destacó la reforma constitucional al artículo primero de la Carta Magna del 10 de junio de 2011, que reconoce, más que otorgar, los derechos a todas las personas asentadas en el territorio nacional.
No nos hemos identificado como un país que discrimina y discrimina fuerte, observó, ya que por ejemplo, la peor ofensa que puedes hacer en México tiene que ver con el tema indígena, y por ello llamó a sacar de la invisibilidad a grupos como los afromexicanos –a los cuales no les disgusta que les digan negros, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos–, y los hombres mayores que cuando se jubilan se convierten en objetos en la casa.
¿Qué sigue?, cuestionó, y agregó que ya no nos podemos sustraer del ámbito interamericano de los derechos humanos, porque para México hay un antes y un después de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, desparecido en un cuartel militar en Guerrero en 1974; Campo Algodonero (González y otras), donde se abordó el caso de las muertas de Ciudad Juárez, y el caso de Valentina Fernández e Inés Rosendo, indígenas me´phaa, de Guerrero, capturadas, torturadas y violadas por un grupo de militares.
Si estos casos no hubieran llegado a la corte interamericana no se habría sentenciado al Estado mexicano a que sus jueces estaban obligados a juzgar con perspectiva de género, ya que los casos de las muertas de Juárez fueron juzgados como un asesinato más y no como feminicidio, apuntó.
Después de un recorrido histórico por la lucha para reconocer derechos de indígenas, mujeres, migrantes y la comunidad LGBTI, manifestó que la labor de los juzgadores es cada vez más difícil porque deben estar más capacitados y ser conocedores no sólo de la legislación nacional, sino también de la interamericana y los tratados y convenciones que ha signado nuestro país.
“La justicia es diferente a la legalidad y los juzgadores debemos ver qué se requiere en el caso concreto”, comentó, al sostener que la única convención que no ha ratificado México es la 189, relativa a las personas que trabajan en hogar y cuya labor no se reconoce.
Informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó un buscador jurídico donde es posible consultar la jurisprudencia actualizada del alto tribunal mexicano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las jurisprudencias colombiana y peruana.
Refirió que para el ejercicio de los derechos se necesita de garantías subjetivas, pero también de garantías económicas, por ejemplo, el derecho a la vivienda o a la salud, en muchos casos garantías políticas, esto es, la voluntad para materializarlos, y a veces garantías sociales, como sucede con la comunidad LGBTI que tiene derechos pero no puede ejercerlos.
