Aspirantes a la gubernatura de Tabasco involucrados en Caso Granier

[Redacción]

Los documentos se hace referencia a que en la partida presupuestal 57401 la entonces Procuraduría General de Justicia y las secretarías de Seguridad Pública y Gobierno ordenaron a través de “órdenes de pago” a la entonces Secretaría de Administración y Finanzas

Villahermosa, Tabasco.- La diputada Federal, Georgina Trujillo Zentella, así como el empresario Ignacio Cobo González; el senador del PRI, Humberto Mayans Canabal; el director de CAPUFE, Benito Neme Sastre; el ex candidato al gobierno, Jesús Alí, y hasta el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (JUCOPO), José Antonio de la Vega, figuran en una lista de 57 personas a los que la defensa del ex secretario de Planeación y Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, está involucrando en el llamado caso Granier.

Y es que documentos oficiales dan cuenta de que la defensa de Sáiz, encabezada por el abogado Víctor Manuel Hilario, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) la comparecencia de 57 personas para que rindan testimonio.

Explico que en los documentos se hace referencia a que en la partida presupuestal 57401 la entonces Procuraduría General de Justicia y las secretarías de Seguridad Pública y Gobierno ordenaron a través de “órdenes de pago” a la entonces Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de Sáiz, “se cubriera el pago de diversas cantidades de dinero a una multiplicidad de personas tanto físicas como morales”.

Víctor Manuel Hilario, abogado de Sáiz Pineda, indicó que dicha comparecencia es por la investigación de peculado referente a los ejercicios fiscales 2007 – 2011, en contra de su cliente, pero específicamente, por la creación de la Cuenta Presupuestaria 57401, denominada “Transferencia para Gastos de Seguridad Pública y Estatal”, por un monto de dos mil trescientos ocho millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos y un peso, en el año 2011.

De acuerdo a la defensoría del ex funcionario estatal, dicho recurso, “supuestamente” fue entregado a la entonces Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, de Salud y a la otrora Secretaría de Administración y Finanzas, dado que no obra documentación de que las citadas dependencias hayan recibido dicho recurso.

Y agregó que esperaron el momento adecuado, para que las 57 personas, incluidas ex secretarios, ex diputados, ex líderes sindicales y empresarios, entre ellos, actuales funcionarios y diputados, comparezcan como testimoniales de la averiguación previa número DGI-179/2013.

Afirmo que existen averiguaciones previas que está integrando la Fiscalía (General del Estado) y donde nosotros y a través de los juicios de amparo, estamos solicitando que nos den el derecho a la defensa, y poder ofrecer pruebas y alegar, y precisamente es ahora el momento adecuado, en la integración de estas averiguaciones previas, que consideramos necesarios tanto jurídicamente como estratégicamente, que puedan declarar precisamente en relación a las imputaciones que se hacen, vinculadas a los recursos públicos en el gobierno de Andrés Granier.

Por lo que entre la lista de personas a comparecer, figuran los nombres de la actual diputada federal Georgina Trujillo, Miguel Alberto Romero Pérez, Jesús Alí de la Torre, Adrián Hernández Balboa (actual legislador local), el director de CAPUFE, Benito Neme Sastré, el hijo de Andrés Granier, Fabián Granier Calles, el senador Humberto Mayans, Aquiles Domínguez Cerino, Lorena Beaurregard, Gustavo Rosario Torres (actual secretario de Gobierno), Rafael González Lastra, Gregorio Romero Tequextle (ambos ex procuradores), Beatriz Luque, Deyanira Camacho, Héctor López Peralta, Carlos Alberto Vega Celorio, René Ovando, Guadalupe Arias Acopa, Víctor Manuel Lamoyi, José Antonio González Anaya (actual director de PEMEX), Jaime Mier y Terán, José Antonio de la Vega (actual presidente de la JUCOPO en el Congreso local), los perredistas Ezequiel Ventura y Alipio Ovando, así como el actual Fiscal Fernando Valenzuela y el ex titular del OSFE, Francisco Rullán.

Refirió que todas estas personas tuvieron que ver con el manejo de los recursos públicos, durante el sexenio granierista y por ello se pidió su comparecencia.

“El carácter con el que se está rindiendo en algunos casos, es como funcionarios públicos y en otros casos como personas físicas, y algunos más, que no eran funcionarios públicos, pero tenían algún cargo y todos ellos, precisamente en el gobierno granierista. En el caso de los servidores públicos, como los diputados, todavía está pendiente que elaboremos las preguntas que en su momento se les puedan formular, pero de inicio te puedo comentar que ese carácter que tenían como servidor público, está vinculado con lo que en su función tendrían que declarar, acerca del manejo de los recursos públicos”, enfatizó.

A pregunta expresa, del por qué se menciona al actual líder de los perredistas en el Congreso local, José Antonio de la Vega, dado que en la administración de Andrés Granier fue diputado local bajo las siglas del PAN, y que en todo momento cuestionó dicho actuar, Hilario Flores respondió.

“Por cuestiones de secrecía entre abogado-cliente, no te podría comentar específicamente, cuál es la implicación directa que tendría él (José Antonio de la Vega), pero sin duda alguna esto se va a ventilar en el momento en que se le haga el interrogatorio respectivo en la Fiscalía, y con independencia de lo que él podría responder, habrá preguntas que precisamente tenga que responder en relación a esos recursos públicos”, subrayó.

De igual forma, dijo que de acuerdo a su estrategia jurídica, pedirán que algunos declaren en bloque y otros por separado, además de que subrayó que las personas citadas, saben las razones por las que están siendo llamados para aclarar el “saqueo a Tabasco”.

Comentó: “Nosotros vamos a proponer, dependiendo de la estrategia jurídica, que algunos declaren a una misma diligencia, y a otros en otra, por el número, quizás sería imposible que se puedan desahogar en una sola, pero ya dependerá de la estrategia jurídica que nosotros podamos definir más adelante; desde luego él (José Manuel Saiz) sabe las razones por la que está llamando a cada uno de ellos, y ellos en lo particular también sabrán muy bien porqué razón los está llamando”.

Asimismo, explicó que en el caso de algunos ex servidores, estos pueden elegir donde quieren que se lleve a cabo la diligencia, aunque entre ellos, hay algunos que son prófugos de la justicia, como Beatriz Luque.

Afirmo que en el caso de las personas físicas no habría ningún impedimento, porque ellos por ley están obligados a comparecer ante el Ministerio Público, e incluso el Código Procesal establece como una medida extrema, el auxilio de la fuerza pública para que pueden presentarse. En el caso de servidores públicos, puede existir algún tipo de impedimento, pero finalmente la ley establece el mecanismo para que pueda llegar a emitir su testimonio, en el caso de servidores, ellos pueden designar el lugar donde se llevará a cabo la diligencia”.

Sin embargo, Víctor Manuel Hilario ventiló que aún quedan más personas por comparecer, pero que por estrategia, se llamarán una vez que las primeras 57 hayan declarado, para contrastar las declaraciones.

“Sí se pensaron en más, hubo nombres que no consideramos ahorita en este momento solicitarlos, incluso la lista era todavía más numerosa – ¿De cuánto estaríamos hablando? – Quizás como de otros siete personajes más, unos servidores públicos, otros personas físicas – ¿Por qué no se agregaron? – Porque consideramos que primero sería conveniente jurídicamente, saber la respuesta de quiénes ahorita señalamos, para poder luego señalarlos a ellos y contrastar sus dichos; hay diversas averiguaciones en la Fiscalía y en cada una vamos a ir aportando estas mismas pruebas”, apuntó.

No obstante, Hilario Flores reveló que la ex defensa de Sáiz Pineda, por estrategia no llamó en su momento a los ex servidores que hoy se están citando como testimoniales, al señalar que desconoce los motivos porqué no los citaron al inicio de toda esta investigación en contra del ex tesorero de Tabasco.

Dijo: “No podría hablar por él en ese sentido, pero fue lo que en su momento me comentó el contador Sáiz Pineda, que acordó a sugerencia de aquel abogado – ¿No le explicó el motivo porqué no sacaron en ese tiempo la lista? – No, lo desconozco, también a él no se lo hizo saber, pero en aquel entonces todavía las circunstancias eran distintas y también confió en la estrategia jurídica que planteó su abogado”.

Al respecto, se le cuestionó si dichas comparecencias tienen relación alguna con la investigación que se le sigue en Estados Unidos a Sáiz Pineda, a lo que el abogado precisó.

Detallo que por cuestión legal no podemos ejercer como abogados en Estados Unidos, pero desde luego estamos en contacto con quien está llevando el asunto allá para poder así también aportar lo que sea necesario para la defensa en aquel país – ¿Qué información tiene de esa investigación? – Hasta ahorita no hay más allá de lo que ha informado la Fiscalía, una acusación donde está iniciándose lo que podríamos llamar ahorita en el nuevo Sistema, la etapa donde es llamado a la persona acusada y actualmente se está litigando en lo que se refiere a su libertad (de Beatriz Pérez Ceballos, esposa de Sáiz Pineda).

Finalmente, Hilario Flores consideró que las dos averiguaciones que hay en contra de Sáiz Pineda, son de tinte político y no jurídico, por lo que estimó que las resoluciones serán de no responsabilidad.

Agregó: “No podría comentarte a detalle lo que hemos platicado en ese sentido, pero definitivamente, creo que el conocimiento general de la población y de quienes están inmersos en el aspecto político ya su vez jurídico, pues creo que tiene muy claro de que efectivamente esto es mas político que jurídico, realmente lo que existe en los expedientes de las causas penales que estamos llevando en el fuero común, que son dos, consideramos que cuando llegue su momento, precisamente la resolución tendrá que ser de no responsabilidad”.

Cabe recordar que José Manuel Sáiz Pineda, se encuentra recluido en el CRESET de Villahermosa, desde el 2013, luego de ser capturado en Reynosa, Tamaulipas, tras ser acusado por el desvío de recursos en el sexenio granierista; además, en Estados Unidos, recientemente le fueron confiscadas siete propiedades, con un valor superior a los 50 millones de dólares, y su esposa, Beatriz Pérez, fue vinculada a los presuntos delitos de conspiración y lavado de dinero por 50 millones de dólares

Por lo que la lista involucra 57 personas en las que también aparece el ex diputado del PRI y actual rector de la Universidad Tecnológica, Fernando Calzada Falcón, Oscar Cantón Zetina, ex diputados perredistas y ex dirigentes sindicales, además se menciona al hijo del ex gobernador Fabiancito, Lorena Beaurregard de los Santos, Juan Molina Becerra y Aquiles Domínguez Cerino a estos tres últimos altos funcionarios de Granier.

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