[Por Fernando Hernández Gómez]
¿Regatear la seguridad?
¿Para qué quiere el gobierno estatal contratar financiamiento bancario? ¿Cómo gastará ese dinero? ¿Acaso irán a parar a gasto corriente los recursos crediticios que obtenga? ¿Será necesario seguir endeudando al estado? ¿Qué tan urgente es comprar armas y vehículos para las corporaciones policiacas? ¿Cómo se auditarán esos fondos si serán administrados por un fideicomiso?
Estas interrogantes y otras saltaron entre legisladores y dirigentes de partidos de oposición, a raíz de que el Ejecutivo envió al Congreso local la solicitud de autorización para contraer un empréstito por 700 millones de pesos, que serán destinados a fortalecer las acciones de seguridad pública en el estado.
Para justificar la petición, el jefe del Ejecutivo estatal, Arturo Núñez Jiménez comisionó a los secretarios de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, y de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, para que comparecieron ante diputados de la Comisión de Hacienda y Finanzas, y despejaran todas las dudas, sobre todo aquellas relacionadas con la capacidad crediticia del gobierno y con la necesidad de destinar tales recursos a equipar mejor a las policías para hacer frente a la creciente ola delictiva.
Por más de tres horas, ambos funcionarios se encerraron el martes 14 con los integrantes de la comisión que preside José Alfonso Mollinedo Zurita. Entre miembros e invitados, acudieron 22 legisladores a la comparecencia.
Amet Ramos habló del endeudamiento público del estado que, al 31 de diciembre de 2016, asciende a seis mil millones 225 mil 461 pesos, equivalente al 0.72 por ciento del PIB y el 22.8 de sus participaciones.
Resaltó que, por ello, el empréstito no representará riesgo financiero y podrá ser liquidado, en un plazo de diez años, “sin mayores dificultades para las administraciones subsecuentes”, toda vez que la fuente de pago primaria serán los ingresos fiscales ordinarios de las participaciones en el Ramo 28.
Descartó cualquier manejo discrecional, ya que al tratarse de recursos públicos los fondos deberán ser auditados por el Órgano Superior de Fiscalización.
A Jorge Alberto Aguirre correspondió hablar de la situación en que se encuentran las corporaciones de seguridad. Expuso que la SSP cuenta con equipos obsoletos e insuficientes, parque vehicular deteriorado y falto de mantenimiento; existe una cobertura insuficiente de telecomunicaciones y se necesitan unidades especiales de intervención.
Abundó que la infraestructura penitenciaria es obsoleta y está deteriorada, tanto del Centro de Reinserción Social del Estado como del Centro de Internamiento para Adolescentes, y señaló que en el Centro de Comunicaciones, Control y Comando (C-4) hacen falta adecuaciones y se requiere invertir recursos en la prevención del delito.
El titular de la SSP detalló que el empréstito se utilizará en cuatro grandes rubros: en rehabilitación y adecuación de infraestructura física para seguridad, 279.5 millones de pesos; tecnologías de la información, seguridad y comunicaciones, 143.9 millones; vehículos operativos y tácticos, 143.1 millones, y para equipamiento operativo y táctico 132.3 millones de pesos.
Todo ello, aseguró, permitirá contar con un cuerpo policial mejor armado y entrenado; mejorar capacidades de las corporaciones, y fortalecer el Programa Integral de Seguridad Pública para enfrentar la incidencia delictiva y brindar a los tabasqueños mejores condiciones de seguridad.
Ayer miércoles, la Comisión de Hacienda aprobó –con tres votos a favor y dos abstenciones– el dictamen que autoriza al gobierno estatal contratar un crédito simple con instituciones de crédito para el rubro de seguridad pública. Falta ahora el voto del pleno. Todo sea por la tranquilidad de los tabasqueños.
SE ESCLARECERÁ HOMICIDIO: GRT
Gran consternación por el segundo atentado –el primero fue hace ocho años– que costó la vida al ex subprocurador de Justicia, Alex Álvarez Gutiérrez. Centenares de personas acudieron ayer a darle el último adiós.
El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres aseguró que las autoridades harán su trabajo para identificar, capturar y someter a proceso a quienes cegaron la vida a quien fuera su colaborador.
El responsable de la política interna respondió además –en entrevista radiofónica– a cuestionamientos del diputado local Manuel Andrade Díaz, quien aseguró que las cámaras del C-4 “no están funcionando”.
Al ex gobernador le precisó que en el C-4 “tenemos 636 cámaras operando”, y añadió que con recursos del empréstito que se solicita se colocará un número mayor de cámaras de alta resolución que cuentan incluso con visión nocturna.
AL GRANO
¿A DÓNDE IRÁ a parar el tristemente célebre acalde de Macuspana, José Eduardo Rovirosa Ramírez, si ya no el PRI lo quiere?… ¿Al Creset?
