[Redacción]

* Ante los vicecoordinadores de la fracción parlamentaria, dio a conocer la ruta a seguir para concretar la aprobación de las reformas contra la corrupción, será en los primeros días del próximo periodo ordinario

México, DF.- EL líder de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sostuvo que el grupo parlamentario tiene como prioridad concretar el marco jurídico del Sistema Nacional de Integridad Pública que, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, darán al país un modelo integral para combatir con mayor eficacia la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública.

Y es que ante los vicecoordinadores de su bancada, afirmo que la ruta a seguir para concretar la aprobación de las reformas contra la corrupción en los primeros días del próximo periodo ordinario.

Recordó que actualmente se analiza en el Senado de la República la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se deriva de la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2013 y de una amplia consulta ciudadana.

Dijo que esa ley reforzará el derecho de los ciudadanos a acceder a la información del gobierno y ampliará las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de toda persona, física o moral, que reciba recursos públicos, entre otras disposiciones.

Beltrones Rivera, expresó que no hay mejor antídoto contra la discrecionalidad y el sigilo que suponen los actos corruptos, que las puertas y ventanas abiertas de la transparencia.

Manifestó que esa ley potenciará los resultados del Sistema Nacional de Integridad Pública, también previsto en la Constitución, cuya aprobación está muy cercana por los acuerdos que se han alcanzado entre las principales fuerzas políticas, sostuvo el líder de los diputados del PRI.

Reafirmo que los diputados del PRI trabajan para que se fortalezca la coordinación del Sistema Nacional de Integridad Pública con base en cuatro ejes: el primero, una Fiscalía Anticorrupción que formará parte de la nueva Fiscalía General que reemplaza a la actual Procuraduría General de la República, además de que se modifique la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio y aplicarla en los casos de enriquecimiento ilícito.

El segundo, un Tribunal Fiscal y Administrativo que no sólo obligue a los funcionarios a rendir cuentas, sino que también aplique las sanciones administrativas que correspondan. Tercero, una Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades de investigación y sanción cuando se detecten irregularidades, ya que actualmente las sanciones no tienen la contundencia ni la regularidad necesarias.

Por último, agregó que habrá una Secretaría de la Función Pública con nuevas atribuciones que será la instancia que tome medidas y se ocupe de prevenir las irregularidades en la administración pública de los tres niveles de gobierno, y en todos los órganos del Estado.