[Redacción]

* El nuevo ordenamiento está compuesto por 12 títulos, 28 capítulos, 155 artículos y siete transitorios; establece bases firmes para planear, regular, administrar, controlar y supervisar la movilidad de pasajeros y el servicio

El Estado seguirá siendo rector del sector y en su caso lo proveerá a través de particulares mediante un régimen de concesiones y el cobro de una tarifa competitiva y accesible

Villahermosa, Tabasco.- El Pleno de la LXI Legislatura al Congreso local aprobó una nueva Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, que establece las bases para planear, regular, administrar, controlar y supervisar la movilidad de pasajeros y el servicio de transporte público y privado, de acuerdo con las necesidades actuales de la población.

Y es que el Dictamen emitido por la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito, votado en la sesión ordinaria de este martes, fue aprobado en lo general con 34 votos a favor del PRD, PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza, PT y Movimiento Ciudadano, y uno en contra de un diputado independiente.

El documento señala que, luego de un profundo estudio, reflexión y consideración de las diversas propuestas presentadas por el Ejecutivo estatal, los diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios y transportistas, el Estado siga siendo el ente rector del transporte público y que, en caso de que este no lo pueda proveer, lo haga a través de particulares mediante un régimen de concesiones o permisos y el cobro de una tarifa competitiva y accesible a la población.

También se dio a conocer que la nueva Ley de Transportes cuenta con elementos innovadores en el desarrollo de la actividad, con equilibrio e igualdad social, limitando los márgenes de discrecionalidad a la autoridad en materia de otorgamiento de concesiones e imposición de sanciones, y refuerza sus atribuciones de vigilancia y supervisión en beneficio del ciudadano, así como evoluciona a nuevos servicios de transporte que requiere la sociedad tabasqueña.

Asimismo, se señaló que el anterior ordenamiento ya había sido rebasado y no contemplaba posibilidades para evolucionar hacia una movilidad sustentable en beneficio de la ciudadanía, dado que permitía procesos no claros y arbitrarios de la autoridad en turno en unos aspectos, pero limitaba y coartaba las acciones de la misma autoridad para asegurar un transporte público de calidad.

Por tanto, este nuevo marco regulatorio –compuesto por 12 títulos, 28 capítulos, 155 artículos y siete artículos transitorios– da prioridad a la persona sobre el concepto de vehículo, e introduce el concepto de movilidad de bienes y personas como un derecho que estaba postergado en la anterior legislación y que ahora toma relevancia ante la urgencia y necesidad de que se valoren los derechos humanos.

En la nueva Ley de Transportes se clarifica el alcance y sentido del ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución Política local, al otorgar las concesiones y permisos de forma transparente, mediante un procedimiento que garantiza la imparcialidad del gobierno en estos procesos, para lo cual se emitirá una convocatoria pública en la que podrán participar libremente los interesados, ajustándose a los requisitos establecidos en la misma.

Lo anterior, sin que implique una restricción a los derechos de quienes vienen prestando el servicio público en estos momentos en determinada ruta o jurisdicción, ya que se les garantiza su derecho de audiencia –en el caso de que la autoridad pretenda realizar una autorización– a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y tengan la seguridad que los procesos serán abiertos y transparentes.

Es importante citar que en este nuevo ordenamiento se contempla la figura de la cesión de derechos de los concesionarios y permisionarios –previo cumplimiento de los requisitos establecidos–, lo que da transparencia y certeza, llegado el caso de que el prestador de servicios requiera ser sustituido en su responsabilidad por otras persona. Es decir, se reconocerá la labor que por años han realizado para que propongan a quien los sustituirá en caso de muerte o incapacidad.

Otro punto que aporta esta nueva ley es la regulación, hasta hoy omisa, de la operación de los permisionarios de autotransporte federal en las vías de jurisdicción local, que pone un freno a la anarquía de los transportistas, para evitar en el presente y futuro conflictos entre los prestadores de servicio federales y estatales.

También plantea establecer sistemas de transportes eficientes y confortables, en corredores coordinados, impulsar estaciones o terminales de transferencia que propicien una circulación fluida y descongestionamiento vial, así como unidades modernas y seguras al establecer un límite a su antigüedad, y cuidará la competencia desleal que perjudique a concesionarios y permisionarios.

Otros dos puntos novedosos que se incorporan a esta ley son los taxis compartidos, que garantizan un mejor servicio y una tarifa justa que no lesiona al usuario y tampoco implica una competencia desleal, así como las góndolas, que abatirán los costos de traslado de materiales en largos trayectos, y que estarán regulados dentro de las mismas concesiones y permisos, trayendo con ello un redituable beneficio económico al usuario de este sector.

Se incluyó también que las unidades de transporte público cuenten con dispositivos de regulación de velocidad y un mayor número de asientos para personas con discapacidad y adultos mayores, y se reconoce a las redes sociales como vías válidas para interponer quejas y denuncias.

Asimismo, se ampliará la regulación para la operación de grúas y con ello promover la competitividad leal, y se implementará un procedimiento administrativo sumario de sanción por violaciones a la Ley de Transportes y su Reglamento, ya que esto evita márgenes de conductas de corrupción de los servidores públicos, evita la subjetividad de la autoridad administrativa y garantiza que la multa no sea mayor a la falta cometida.

Durante la sesión, los diputados Rogers Arias García y Esther Alicia Dagdug Lutzow se manifestaron en contra del dictamen por considerar que, entre otros aspectos, no fue circulado con tiempo, mientras que la última de ellos hizo votos por que se privilegie el consenso y diálogo.

En tanto, los diputados Patricio Bosch Hernández, Rafael Acosta León, Jovita Segovia Vázquez y Leticia Taracena Gordilo se manifestaron a favor al esgrimir que deben evaluarse las condiciones actuales del servicio de transporte, pues en muchas ocasiones es deficiente, no seguro, se maltrata a los usuarios y provoca daños al medio ambiente, así como precisaron que la liberación está descartada y que se apliquen multas ejemplares para inhibir prácticas dañinas.

Posteriormente, los diputados Rosalinda López Hernández, Francisco Castillo Ramírez, Aracely Quevedo Custodio y Esther Alicia Dagdug Lutzow propusieron modificaciones y adiciones a diversos artículos de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco.

Al final, tanto el articulado que no fue impugnado, como las propuestas de modificación a diversos artículos de las diputadas Esther Alicia Dagdug Lutzow y Mileidy Aracely Quevedo Custodio fueron aprobadas por unanimidad, mientras que las otras propuestas de modificación fueron rechazadas por el Pleno.

En asuntos generales, el diputado Andrés Cáceres Álvarez reconoció el compromiso del titular del Poder Ejecutivo del Estado para proponer con responsabilidad y respeto una ley a favor de los usuarios y concesionarios.

Por su parte, la legisladora Liliana Ivette Madrigal Méndez reconoció que finalmente se logró el diálogo y consenso, lo cual permitió una ley equilibrada, todo ello, subrayó, con el propósito de brindar certeza jurídica a los tabasqueños.