Aprueba Congreso de Tabasco ampliar primer periodo ordinario de sesiones hasta el 31 de diciembre

[Redacción]
El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó un Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se extiende hasta el 31 de diciembre del presente año el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional
Villahermosa, Tabasco.- Los legisladores también aprobaron dos acuerdos presentados por la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, así como por las Comisiones Unidas Inspectoras de Hacienda, Segunda y Tercera, mediante los cuales se enlistan las Iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo promovidas por diputadas y diputados de la LXII Legislatura o de fracciones parlamentarias que actualmente no cuentan con representación en el Congreso del Estado, o que en el momento de ser promovidas no pertenecían a ningún grupo parlamentario.
Previamente, el diputado de Morena, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, propuso reformar el Artículo 87 la Ley de Salud del Estado de Tabasco, a fin de prohibir la venta y expendio de alimentos que generen trastornos alimenticios (sobrepeso y obesidad) al interior de hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud.
El artículo antes citado, señala que dicha prohibición se establece dentro de las escuelas de educación básica, centros de recreación y deporte de niños y adolescentes, en guarderías y centros de desarrollo infantil, y cualquier otro establecimiento escolar que se encargue de la enseñanza, educación y cuidados de lactantes, preescolares, niños y adolescentes, por lo se destaca la importancia que tiene incluir a los centros hospitalarios. La propuesta se turnó para su estudio y análisis a la Comisión Ordinaria de Salud.
Con la finalidad de inhibir, investigar y sancionar adecuadamente la violencia al derecho a la intimidad y a la violencia de género, la legisladora del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, presentó una Iniciativa de Decreto para reformar el Artículo 163 y adicionar los Artículos 163 Bis, 163 Ter, 163 Quater y 163 Quintus al Código Penal para el Estado de Tabasco.
La propuesta enviada para su estudio y análisis a las Comisiones Ordinarias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, y a la de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, subraya la importancia de adoptar medidas que conminen a la persona agresora a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.
Otra de las iniciativas de Decreto presentadas durante la sesión de este martes, fue la del diputado priista, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, quien planteó adicionar el Capítulo VIII Ter denominado “De los Delitos contra el Servicio Público, Potabilización y Distribución del Agua”, así como los Artículos 240 Ter y 240 Quater a la Sección Tercera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Tabasco.
La finalidad de la propuesta enviada a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, es establecer como delito las conductas irregulares en que incurran los servidores públicos responsables de llevar a cabo el proceso de potabilización de agua potable y su vigilancia, así como sancionar a quien distribuya agua potable o purificada sin que cumpla los requisitos legales y administrativos que se exigen para ello.
Seguidamente, la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PVEM, Odette Carolina Lastra García, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, para promover la participación ciudadana en materia de gestión ambiental, la cual será analizada por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental.
De la misma manera, la iniciativa prevé generar conciencia en el aprovechamiento de los recursos naturales y reparar cualquier daño cuando en su función o fuera de ella incidan o induzcan cualquier actividad que afecte el ambiente y la disponibilidad futura de los recursos naturales, así como aplicar sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad e iniciar acciones legales en contra de servidores públicos o personas jurídicas que propicien daño o invasión a áreas verdes o daño ambiental.
La legisladora del PRI, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, dio lectura a un Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a los 17 Ayuntamientos del Estado, para que en la elaboración de sus respectivos Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, incluyan las partidas necesarias para realizar los programas y acciones que fortalezcan las actividades pecuarias, forestales, agrícolas, de pesca y acuacultura en la entidad.
Dicho exhorto enviado a la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, también plantea que en los respectivos planes de desarrollo que aprueben próximamente, incluyan programas para que a dichos sectores se les otorguen apoyos económicos y capacitación para fomentar y fortalecer las actividades productivas que realizan, estableciendo asimismo, requisitos flexibles para que puedan ser alcanzados por la mayoría de los interesados y contribuir de esa manera al desarrollo integral del estado.
En otro tema, a nombre de las integrantes de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, la legisladora morenista, Julia del Carmen Pardo Contreras, propuso exhortar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, para que a través de los equipos de trabajo encargados de la elaboración del Presupuesto del año 2019 tanto de la administración saliente así como de la nueva administración, valoren en la medida de las posibilidades presupuestales de la entidad, un incremento al presupuesto asignado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Turnado a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, el Punto de Acuerdo subraya la necesidad de que la CEDH cuente con los elementos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de reparación integral de derechos y resolución de conflictos, así como el impulso a los programas de educación a servidores públicos en la materia.

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